El Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo al último gran paquete de reformas de la legislatura, a la espera de las medidas que puedan introducirse en el trámite de enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, cuya aprobación se producirá la semana del 19 de octubre.
Nueve Proyectos de Ley vieron concluida su tramitación parlamentaria con la aprobación de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, y quedan a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De entre ellas, destaca la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fomenta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites con la Administración de Justicia, mejora la regulación del juicio verbal, y, en los procesos monitorios, permite al juez verificar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos.
Además, se acorta, para las personas físicas, el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan establecido un plazo de prescripción específico: pasa de 15 años a cinco.
En el ámbito penal, por su parte, se aprobaron los dos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: uno para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y otro para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica -este último con carácter de ley orgánica por afectar a derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones y los datos personales-.
Con esta reforma, además, se elimina el término imputado, que se sustituye por el de investigado durante la fase de instrucción, y por el de encausado tras el auto de acusación. La ley también acota el tiempo de la instrucción a seis meses, o a 18 cuando ésta sea compleja.
Ley del Sector Público
El Pleno también remitió al BOE la reforma de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que, entre otras novedades, busca simplificar y racionalizar el sector público institucional. La norma endurece el trámite para la creación de entes públicos y la facilitación de su eliminación.
La Cámara también aprobó la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que regula y refuerza a las entidades como interlocutoras de la Administración, y define medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio.
La Ley de Voluntariado es otra de las que queda a la espera de su entrada en vigor. La nueva norma aclara la regulación del sector, define los mecanismos de colaboración con las Administraciones y delimita el régimen jurídico de las personas voluntarias.
La Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que favorece la participación de los trabajadores e impulsa el emprendimiento, fue otra de las que recibió luz verde en el Pleno.
Por último, en el ámbito castrense, el Congreso aprobó el nuevo Código Penal Militar y la Ley de la Carrera Militar.
