El empresario Víctor Maldonado habría recogido inversiones para un fondo 'premium' y los habría desviado a sus sociedades
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición a Colombia del empresario español Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez para que sea investigado por estafar presuntamente más de 130 millones de euros a más de un millar de personas a las que vendió acciones de sociedades bursátiles y fondos de inversión.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha avalado la entrega, que tendrá que ser validada en última instancia por el Consejo de Ministros, en un auto en el que accede a la petición que realizó el pasado 3 de marzo el Juzgado número 18 de Control de Garantías de Bogotá.
Maldonado Rodríguez, que fue detenido en la plaza de Colón de Madrid el pasado 26 de marzo, será investigado en el país sudamericano por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa agravada y concierto para delinquir.
DESVÍO DE FONDOS
Las autoridades colombianas le consideran el presunto cerebro de una macroestafa bursátil que captó entre los años 2008 y 2012 un total de 300.000 millones de pesos colombianos (130 millones de euros) procedentes de los ahorros de 1.027 personas, que perdieron toda su inversión.
Maldonado Rodríguez habría captado inversiones de forma masiva para sociedades de un fondo 'premium' que fueron a parar en realidad a empresas vinculadas con los directivos de la compañía, entre las cuales había tres de su propiedad.
El auto de la Sala destaca que el número de perjudicados y el volumen de las inversiones no recuperadas pone de relieve que el delito investigado habría causado "un perjuicio a una generalidad de personas", lo que se enmarca en la tipificación del delito de estafa agravada recogido en el Código Penal español.
"Lo que se imputa al reclamado, empresario reconocido en su país, es la captación de fondos de terceros, sin estar previamente autorizado, para su posterior inversión en determinados productos financieros que, mas tarde, fueron desviados a favor del reclamado y de otras personas; relato que resulta bien conocido por los tribunales españoles y al que se ha calificado como estafa", señala la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González.
ESPAÑOL DESDE 2007
El tribunal no cree que la entrega deba rechazarse por el hecho de que desde 2007 el reclamado disponga de nacionalidad española y apunta que tanto las compañías utilizadas en la presunta estada como la estructura de la organización que la llevó a cabo "radica en Colombia".
De igual modo, rechaza solicitar medidas alternativas a la prisión, debido a la avanzada edad del reclamado, al no tener "la menor duda" de que, si la legislación colombiana regula este tipo de soluciones para supuestos en los que la salud de un interno así lo requiera, "le serán de aplicación sin necesidad de pedir expresamente esa garantía".
En relación con la posibilidad de cumplir una eventual condena en España, los magistrados de la Sección Cuarta apuntan que los tratados bilaterales de traslado de personas condenadas suscritos por España resultan "ajenos" a la competencia de la Audiencia Nacional.
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