España es el tercer país de la Unión Europea (UE), con 86 expedientes de infracción que más acumuló en 2014 por no aplicar bien diferentes normas europeas o transponerlas de forma incorrecta o tardía.
Así, se explica en el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2014, que ha publicado la Comisión Europea (CE), que concluye que "el mercado interior sigue siendo el mejor activo de Europa para los ciudadanos y las empresas, que salen beneficiados cuando el Derecho de la Unión se aplica y se hace cumplir de manera correcta y oportuna".
Sólo Grecia e Italia, con 89 expedientes cada uno, tenían más casos abiertos a finales de 2014 que España. Los países más cumplidores son Croacia y Estonia, que apenas tienen 10 y 16 expedientes abiertos.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictaminó que España ha incumplido la obligación de cumplir con una sentencia en virtud del artículo 108, por incumplir con seis decisiones de recuperación de ayudas estatales de la CE sobre los regímenes fiscales vascos.
España recuperó las cantidades pendientes antes de la fecha de la sentencia y la Comisión no impuso multas diarias. El TGUE ordenó a España a pagar una suma global de 30 millones de euros.
Sin embargo, la CE no había adoptado las decisiones de corrección financiera dentro del plazo indicado en el Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión.
Por ello, el Tribunal de Justicia (TJUE) consideró que la Comisión incurrió en vicios sustanciales mediante la adopción de estas decisiones, tras expiración del plazo de seis meses. El TJUE falló a favor de España por la que se anuló la sentencia del TGUE.
Procedimiento de infracción
La Comisión inicia procedimientos de infracción cuando un Estado miembro no ha notificado las medidas de transposición de una directiva en el ordenamiento jurídico nacional antes del vencimiento del plazo acordado.
También puede iniciar un procedimiento de infracción, a partir de una investigación de la CE o de una denuncia de un ciudadano o una empresa, cuando la legislación de un país no está en consonancia con los requisitos de la legislación de la UE o cuando las autoridades nacionales no aplican el Derecho de la UE o no lo hacen correctamente.
Las directivas sobre requisitos de capital, derechos de los consumidores, asistencia sanitaria transfronteriza o residuos de equipos eléctricos y electrónicos son algunos ejemplos de transposición tardía por parte de los Estados.
En 2014, el número de procedimientos de infracción por transposición tardía aumentó un 22% con respecto a 2013.
Por lo que se refiere a los 893 nuevos casos de infracción iniciados en 2014 por la CE contra los diferentes países, España es el sexto Estado con más casos nuevos, con 42, sólo por detrás de Bélgica (53), Bulgaria y Grecia (52 cada uno), Rumanía (50) y Alemania (46).
En total, la Comisión Europea mantiene un total de 1.347 expedientes sancionadores abiertos contra todos los Estados miembros a finales del año 2014, más que los 1.300 en 2013.
El mayor número de casos de infracción se dan por no aplicar bien las normas relativas a transportes y movilidad (223), medio ambiente (322), aunque también destacan las infracciones respecto al mercado interior (162), política fiscal y aduanas (130) y salud y consumo (94) o bien no trasponerlas bien al ordenamiento jurídico nacional o fuera de plazo.