El Gerente de la UTE dice que comunicó sobrecostes en Musel, que superan los 200 millones

Madrid, 7 jul (EFE).- Juan Miguel Pérez Rodríguez, gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras de ampliación del puerto del Musel en Gijón, ha declarado hoy que informó a los responsables de la Autoridad Portuaria en diversas reuniones de los sobrecostes en la extracción de piedra.

En su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, que investiga las irregularidades en esos sobrecostes y que se cifran en más de 200 millones de euros, el exgerente ha sostenido que había exhaustivos controles en todo lo referido a esta obra, según ha explicado Viliulfo Díaz, el abogado del exdirector de puerto de Gijón José Luis Díaz Rato, también imputado en esta causa.

El exgerente, según el abogado, ha explicado que los sobrecostes se debieron a una escasez de piedras en las canteras que figuraban en un principio y a mejoras en el proyecto original, lo que hizo necesario buscarlas en otras obras y en otras canteras comerciales de fuera de Asturias, lo que encarecía el transporte.

Todas estas incidencias se trataron en todas las reuniones con la Autoridad Portuaria y, según ha manifestado el abogado, esa piedra destinada a mejoras del proyecto y para reforzar el dique la vendió a la UTE la cementera Tudela Veguín, que cobró por una parte de la piedra y por obras directas (extraer la piedra) e indirectas (voladuras), así como por el transporte.

Cuando declaren los últimos testigos propuestos por la Fiscalía, el gerente de la UTE que sustituyó a Juan Miguel Pérez en junio de 2009, David López Navarrete, y el administrativo de la UTE Isidro Alonso, el abogado ha anunciado que pedirá el archivo de estas diligencias.

Tras la toma de declaración al exgerente, la concejal del Ayuntamiento de Gijón Nuria González (Podemos) ha destacado que este imputado, el tercero que declara por estos hechos en la Audiencia Nacional ha asegurado que desde 2005 habló de sobrecostes en la extracción de pétreos y que lo manifestó a la autoridad portuaria.

"Nos extraña mucho que el consejo de administración lo conociese desde 2006 pero el modificado no se aprobase hasta 2010", ha destacado la edil de Podemos, quien ha considerado que tras esta declaración "las responsabilidades políticas están más que claras" por parte de "un consejo de administración que aprueba unos sobrecostes de 200 millones de euros que afectan a la ciudadanía y al desarrollo económico de Gijón".

La investigación se abrió el pasado febrero tras una denuncia que presentó la Fiscalía contra los representantes y administradores de la UTE adjudicataria y de los representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón por el sobreprecio de estas obras, que costaron 800 millones, un 40 por ciento más que el presupuesto inicial.

Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.