El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado esta mañana, por unanimidad, el informe al proyecto de Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia en el que alude a la necesidad de asegurar que los sistemas de comunicación de las distintas Administraciones sean compatibles y estén integrados entre sí.
Así, el Real Decreto sobre el que informa el CGPJ se circunscribe al ámbito territorial del Ministerio de Justicia. Por ello, pide el Consejo que, a pesar de esta circunscripción, se garantice que todos los sistemas de las distintas Administraciones se integren entre sí. De otro modo, el sistema no podrá funcionar realmente ni garantizar el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos.
Y es que, el problema radica en que, en la actualidad, las distintas Administraciones de Justicia -la central y las de las comunidades autónomas con competencias delegadas en la materia- cuentan con sistemas propios que muchas veces no son compatibles entre sí. De ahí que, la necesidad de poner en marcha una reforma que permita la interoperabilidad entre los distintos sistemas a través del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet.
Dudas sobre su oportunidad
Según el Informe, del que ha sido ponente la vocal María Victoria Cinto y que valora positivamente el proyecto normativo, existen "dudas" sobre la oportunidad de proceder a la elaboración del Real Decreto que persigue obligar a que las notificaciones y presentaciones de documentos en los órganos judiciales se hagan por medios electrónicos "cuando gran parte de su contenido depende de la aprobación de leyes que se tramitan en el Parlamento y de la disposición de medios técnicos".
Eso sí, de llevarse a buen puerto todas estas medidas, el Real Decreto supondría, a juicio del CGPJ, "un ahorro de tiempo indudable". De ahí que valore positivamente "el establecimiento de la obligatoriedad para profesionales de la Justicia y para los órganos judiciales y fiscalías del uso de los medios electrónicos para la presentación de documentos y para la recepción de actos de comunicación procesal". Ahora bien, advierte del "notable esfuerzo " que deberán realizar las Administraciones Públicas implicadas para la efectiva implantación de las comunicaciones telemáticas en Justicia a partir del 1 de enero de 2016 (plazo que se ha marcado el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá).
Asimismo, alude a la necesidad de integrar el sistema Lexnet con el sistema de gestión procesal correspondiente y muestra dudas sobre el hecho de que la reforma legal se lleve a cabo a través de una norma reglamentaria. Entiende el CGPJ que dado que la efectividad de las comunicaciones telemáticas "implica no sólo cuestiones técnicas y ámbitos competenciales concretos, sino que también produce consecuencias procesales y afecta a los derechos de los ciudadanos" debería introducirse un precepto que garantizase la uniformidad en todo el territorio nacional en una norma con rango legal (Ley de Enjuiciamiento Civil o Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia).
Una preocupación que traspasa legislaturas
Lo cierto es que la pasada legislatura trajo de la mano acciones concretas por parte del Ministerio de Justicia, liderado entonces por Francisco Caamaño, tendentes a la modernización de la estructura judicial. El Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 (aprobado por Consejo de Ministros en septiembre de 2009) fue el paradigma de esa promesa de renovación. Entre las recetas para lograr ese fin se aprobó la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Sin embargo, el adelanto electoral dejó en el tintero muchos de los proyectos en Justicia que trató de asumir el siguiente ministro, Alberto Ruiz-Gallardón.
Así, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia cuando estrenaba cartera en enero de 2012, Gallardón presentó sus planes para atajar una reforma integral de la Justicia, entre las que incluía la necesidad de revisar el aspecto tecnológico en la Administración de Justicia, y anunció la creación de una Agencia, integrada por el CGPJ, las comunidades autónomas y el Ministerio, para articular "un sistema informático que coordine la interoperabilidad de los diferentes sistemas de gestión procesal e impulse la creación de estándares tecnológicos comunes".
Tampoco Gallardón logró hacer realidad un verdadero sistema interoperable e interconectado en toda la Administración de Justicia.
