La Fundación Impuestos y Competitividad afirmó ayer que le suscita "numerosas dudas" la publicación de la lista de deudores, incluida en la reforma de la Ley General Tributaria, dado que "adolece de falta de plenas garantías formales" y, por ello, afirma que tal vez debería ponderarse la eliminación de su publicación.
Durante un desayuno organizado para valorar la reforma tributaria, la Fundación enumeró posibles mejoras en la norma, como establecer mecanismos alternativos de resolución de los conflictos entre el contribuyente y la Administración Tributaria "que permitan aumentar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad".
En relación a este aspecto, Pablo Chico de la Cámara, catedrático y coordinador de uno de los proyectos sobre medidas alternativas de resolución de conflictos, denunció que en "nuestro sistema existe una extraordinaria conflictividad". "Tenemos unos plazos de resolución que se eternizan, un sistema tributario muy complejo por la proliferación de regímenes y beneficios fiscales y conceptos jurídicos indeterminados", añadió. A ello se suma, a juicio de Chico, "una tasa de pendencia extraordinariamente larga" que puede hacer ineficaz a una sentencia.
Por ello, apeló al impulso de medidas alternativas de resolución que podrían pasar, entre otros sistemas, por el arbitraje con laudos vinculantes.
Relación reforzada con el contribuyente
También se refirió a la necesidad de establecer sistemas de relación reforzada entre la Administración y las empresas y contribuyentes, o a la necesidad de avanzar en la idea de "estabilidad normativa".
Respecto del primer punto, entiende la Fundación que es necesario "incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias" con medidas de "cumplimiento cooperativo o cooperación reforzada".
A este respecto Abelardo Delgado, coordinador del análisis de la Fundación acerca de la Ley General Tributaria, la reforma de la Ley General Tributaria "ofrece una buena ocasión para dar un apoyo legal a esta idea de cooperación", si se tiene en cuenta que la norma está aún en plazo de presentación de enmiendas.
Ya en relación a la estabilidad normativa, lamentó Delgado que estamos ante una "incertidumbre permanente" generada por el "constante cambio de leyes tributarias que provocan que nadie pueda tener una previsión económica razonable de los efectos fiscales".
Cláusulas antiabuso
También aprecia la Fundación que "sería deseable" la adecuación de nuestro ordenamiento a la corriente internacional en cuanto a "cláusulas antiabuso".
En este punto, Maximino Linares, coordinador del último proyecto acerca de la cláusula general antiabuso, uso de manifiesto el "cambio de paradigma actual en el orden tributario internacional que persigue lograr que se tribute donde se ha generado la capacidad económica". Algo que ha dado lugar, explicó, "a una proliferación de estas cláusulas que utilizan una serie de conceptos jurídicos indeterminados dejando un margen de apreciación muy amplio que potencian la litigiosidad".
Por eso, hizo un llamamiento a la necesidad de "armonizar las cláusulas antiabuso a nivel internacional".
Por otro lado, también criticaron los expertos la modificación del régimen de la prescripción y plazos de comprobación inspectora. Señaló Abelardo Delgado que la extensión de la duración de la comprobación inspectora -que podrá prolongarse hasta 24 meses- así como la supresión de efectos para la interrupción injustificada de la actuación administrativa "introducen claramente incertidumbre y menor seguridad jurídica".
Con todo, la Fundación hace una valoración positiva de la Ley en tanto que "es un elemento necesario en el cierre de la reforma tributaria; responde a la necesaria regulación en determinadas cuestiones hasta ahora no contempladas; y porque manifiesta la intención de reforzar la seguridad jurídica, reducir la litigiosidad, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa.
