"A partir del 1 de Enero de 2016 no entrarán más escritos en papel en los juzgados". Así lo destacó ayer el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón, que aseguró que "el Ministerio está trabajando para modificar el actual sistema digital de Justicia y todas las normas que impidan el desarrollo de esta nueva herramienta".
Dorado Picón anunció los planes ministeriales durante las XXIX Jornadas de la Fe Pública Judicial, que el titular de Justicia, Rafael Catalá, clausuró ayer en León. El ministro manifestó que la digitalización "no es una opción, sino una obligación que debemos cumplir porque así lo dice la ley".
El ministro Rafael Catalá reconoció, sin embargo, que "es un proyecto complejo y difícil pero el 1 de enero es una fecha en la que con total seguridad se va a producir el resultado sobre todo lo que estamos trabajando".
Los secretarios judiciales apoyan este proceso "para conseguir el objetivo del papel cero". Sin embargo, el cuerpo recuerda que "se necesitan inversiones sopesadas" y demanda su "participación activa en su diseño, de cara a contribuir desde nuestra posición experta, a generar entornos y aplicaciones tecnológicas estables, homogéneas, eficaces, útiles a la función, e interoperables".
En este sentido, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, expresó su "apoyo y compromiso" al ministro para la digitalización de la Justicia. Lara reivindicó también el papel de los secretarios en la reforma. "Hemos de tener una posición esencial y protagonista", señaló.
Repaso a la legislatura
Las jornadas, que reunieron a 300 juristas, analizaron todas las reformas que el Ejecutivo tiene previstas aprobar antes del final de la legislatura. "Entrarán todas", apostilló la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Soraya Rodríguez, que participó en un debate con el popular José Miguel Castillo, portavoz de la Comisión de Justicia.
La diputada socialista subrayó que "se ha perdido mucho tiempo con asuntos políticos", en referencia a la reforma de la ley del aborto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, Rodríguez destacó la tramitación del nuevo Código Penal como uno de los asuntos principales. La medida convierte algunas faltas en delitos.
"Se ha hecho con el pretexto de descargar los juzgados pero solo sirve para trasladar la carga a otra jurisdicción", aseveró. Además, la diputada criticó la implantación de las tasas judiciales, que fueron retiradas con la llegada de Catalá al Ministerio. "Ha sido una de las peores leyes", concluyó. El popular Castillo señaló que la tasas judiciales se implantaron por el cálculo en la tasa de litigiosidad que realiza el Consejo General del Poder Judicial.
"Al presentarnos los datos el fiscal general del Estado, que es la cifra que consideramos real, nos encontramos con que había bajado de 4,5 millones a 600.000 asuntos en el orden penal", reconoció. "El error del diagnóstico nos llevó a aprobar estas medidas", concluyó.
