A pesar de que la inminente reforma del Código Penal -que entrará en vigor el 1 de julio- trata de dar reglas más claras acerca de la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos en su seno -introducida en la reforma de 2010- sigue "siendo una de las grandes incógnitas" cómo debe la empresa acreditar que cumple con un modelo de prevención del delito adecuado para poder ser exonerada.
Así lo ha señalado esta mañana el fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el Supremo, Pedro Crespo, durante su intervención en un Foro organizado por KPMG y la Universidad Rey Juan Carlos, donde indicó que, por ahora, se trata de "un modelo teórico del legislador" al que habrá que enfrentarse cuando se deba aplicar en los tribunales.
En el debate, que fue inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, intervino también el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza que, en la línea de Crespo, indicó que estamos ante un "futurible" y que "la prueba reina será la pericial". A este respecto, indicó la necesidad de que se establezcan unos "cánones orientativos de referencia" para saber cuándo un código es a priori satisfactorio.
Además, indicó que en su opinión en el caso de que finalmente se cometa un delito en el seno de la empresa "no debe mostrar ineficaria si se acredita que el sistema de prevención era adecuado".
Por su parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Antonio Lascurain, enumeró varios de los defectos que, a su juicio, tiene la nueva reforma del artículo 31 bis, como es el "exceso regulativo" y , de forma aparejada la "imprecisión" de la regulación. También criticó la "excesiva exigencia en el control de los administradores" en tanto que deben probar que quien cometió el delito en el seno de la empres "eludió fraudulentamente los controles". Por todo, concluyó que si bien la poca regulación actual demandaba una mejora y aclaración, sin embargo "se podía haber hecho mejor" porque la de ahora es una regulación "pesada, confusa, demasiado exigente y potencialmente más punitiva".
Finalmente, el también catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Adán Nieto Martín, defendió la necesidad de "un mayor diálogo entre la Administración y las empresas para saber qué se les está exigiendo en esta nueva tarea social" en tanto que la Ley siempre va a ser más "farragosa y genérica".
