Las reformas impulsadas desde Justicia para reforzar el papel de los procuradores "no dará lugar ni a una privatización de la Justicia ni a una Justicia a dos velocidades". Así lo ha defendido esta mañana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la inauguración del XXII Congreso Mundial de Procuradores de Justicia, que recordó que desde el Ministerio se están llevando a cabo políticas para fortalecer el papel de los procuradores.
De este modo, se refirió al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil -actualmente en tramitación parlamentaria- que "pretende dar un paso más al procurador en materia de actos de comunicación". En concreto, esta norma refuerza las funciones de los procuradores en los actos de comunicación procesal: notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. El problema es que estos actos tendrán un coste añadido para quienes elijan someterse a este sistema y beneficiarse de una mayor celeridad. A este respecto, recordó Catalá que esta decisión -de someterse o no a este sistema- será voluntaria para el ciudadano.
Además, durante la inauguración del Congreso, que este año pivota sobre las relaciones entre Justicia y Economía, indicó Catalá que la Justicia desarrolla un papel fundamental en la actividad económica a la hora de dotar de agilidad al sistema ya que "sin seguridad jurídica es imposible emprender con éxito proyectos que generen progresos". A este respecto, recordó que todos los informes económicos hacen referencia a la eficacia o no de los sistemas judiciales como elemento a tener en cuenta en la actividad económica.
En total, dijo, "ahora mismo hay 25 millones de euros en proceso de resolución de manera permanente en España", lo que "pone de manifiesto la necesidad de agilizar la Justicia tanto en resoluciones como en ejecución".
La Justicia "no es un mercado"
Por su parte, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, defendió que "la Justicia es la base del Estado de Derecho y es preponderante a la economía". Desgraciadamente, dijo, "en los últimos años la economía se ha ido imponiendo a la Justicia prácticamente en todos los países del mundo lo que hace que muchas veces se tomen decisiones inadecuadas".
Si bien reconoció que la economía de libre sistema es la mejor para avanzar "no hay que olvidar nunca los principios de seguridad jurídica" porque, dijo, "la Justicia no es un mercado". "Quien piensa que aplicando normas de mercado se va a mejorar la Justicia va por el camino equivocado", añadió.
Además, aprovechó la ocasión para solicitar una mayor intervención en la ejecución en materia civil. Así, aseguró que a día de hoy "hay más de 2 millones de sentencias en ejecución, de las cuales 1,5 millones son civiles". En su opinión, sólo así se puede lograr una Justicia más ágil y clara en materia de ejecución de resoluciones.
Ejecución de sentencias, la asignatura pendiente
Durante su intervención, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se refirió a la profesión del agente de ejecución, y defendió que "la respuesta al ciudadano no termina en el dictado de una sentencia, si no cuando esa sentencia se ejecuta". A este respecto, señaló que a pesar de los avances en la materia, "la ejecución de sentencias sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Justicia". Y añadió que, en este punto, "los procuradores son parte esencial para agilizar la ejecución de las sentencias y conseguir, en consecuencia, una Justicia más eficaz".
