El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido esta mañana la necesidad de "poner fin a la imagen obsoleta de los juzgados colapsados en torno a montones de papeles"y lograr que desde enero de 2016 "todas las comunicaciones entre los profesionales sean telemáticas". En el marco del XI Congreso de la Abogacía, que se ha inaugurado hoy en Vitoria, y que se centra en la influencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación del abogado, Catalá ha reiterado "el compromiso del Ministerio con los abogados para materializar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica".
Así, se ha referido a los "numerosos desafíos" a los que se enfrenta ahora la profesión, entre los que se encuentra la implantación de las nuevas tecnologías que "constituye sin duda uno de los retos a los que tenemos que hacer frente de una manera conjunta para lograr una Justicia digital".
Se trata, dijo, de uno de los principales retos que "queremos que se haga realidad a lo largo de 2015" y que pasa no sólo, a juicio de Catalá, por integrar las tecnologías al trabajo, sino de llevar a cabo "un cambio de cultura y de nuestros paradigmas". Por ello, ha reiterado su compromiso de "llevar a cabo las reformas necesarias desde el diálogo y la colaboración".
Una Administración poco respetuosa con la dignidad de los abogados
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, señaló, en relación al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita que "es lamentable que un servicio espléndido que funciona a la perfección en su prestación se encuentre permanentemente con problemas por su financiación, con algunas Administraciones públicas poco respetuosas con los colegios y con la dignidad de los abogados".
Además, aseguró que "es inaplazable desarrollar de una vez nuestro sistema de defensa jurídica". En su opinión, "sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho". Por ello, apeló a la necesidad de completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que regule el asesoramiento y defensa jurídica en general, pero también el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, acabando de una vez con los indignos retrasos y recortes económicos. Añadió además que "es necesario reforzar otros derechos conexos como la formación, la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional".
Defendió también Carnicer que en el ejercicio de la Abogacía no deben primar sólo las cuestiones relativas al mercado y al Derecho de la Competencia. Y aseguró que "la Abogacía institucional, los colegios profesionales, ni son ni quieren ser, un club distinguido de profesionales". Tenemos, añadió, "una alta función social que cumplir exigida por nuestra Constitución".
Separar la Justicia del debate político partidista
En relación a la lentitud y mal funcionamiento de la Administración de Justicia, señaló Carnicer que no solo es un problema de falta de medios, sino que hay otras cuestiones que deben abordarse como la formación, a organización o los sistemas de gestión. A este respecto reiteró la necesidad de "separar la Justicia del debate político partidista y dar entrada a los profesionales para alcanzar un gran pacto de Estado por la Justicia". Y es que, "un sistema de Justicia que es la base de la convivencia y la paz social, no puede estar al albur del juego de mayorías siempre contingente". Y es que, hay que "reconstruir la Justicia en España y para ello hace falta el compromiso de todos".
El noble compromiso de defender a los ciudadanos
La inauguración del Congreso contó, además, con la presencia de Su Majestad el Rey, Felipe VI, que sostuvo que "la Abogacía es, ante todo, un referente inmediato para los ciudadanos en todo lo relacionado con la Justicia, la Ley y el Derecho".
Así, reconoció la "labor imprescindible que desempeña el abogado en nuestra sociedad y que tiene un irrenunciable compromiso con algo tan noble como es la defensa de los derechos de los ciudadanos". "Al defender los derechos e intereses de los ciudadanos", aseguró, "los abogados contribuyen a la seguridad jurídica un pilar fundamental del Estado de Derecho".
Además, se refirió a la cuestión central del Congreso, las nuevas tecnologías, que, dijo, "han cambiado paradigmas y esto ha afectado, por ejemplo, a conceptos clásicos como la intimidad, la privacidad, la confidencialidad". Explicó que ?se han transformado derechos, como pueden ser los de propiedad intelectual, o se han generado nuevos tipos de delincuencia electrónica y, también, de investigación penal? por lo que es necesario "acompasar la evolución de la Administración de Justicia y de la Abogacía".
