El 27 de febrero el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), reforma con las que este equipo ministerial acertadamente, pretenden una Justicia más rápida, eficaz, preparada, cercana y al servicio del ciudadano. Y todo ello, a través de la implementación de una batería de medidas organizativas y de reforma estatuaria.
Entre las primeras destacan las tendentes a conseguir una mayor agilización y flexibilidad en la organización judicial como la de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con el fin de buscar el correcto equilibro entre la proximidad y la respuesta especializada a la víctima, evitando la sobrecarga que sufren en la actualidad muchos de los Juzgados de Instrucción o mixtos. Busca además un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el ámbito provincial, a través de la intervención de las Salas de Gobierno en las normas de reparto, y la atribución al Consejo de poder especializar órganos judiciales, de forma temporal, en función del cúmulo de asuntos. Se ha querido intervenir también en la mejora de las condiciones que permitan una más ágil y dotada instrucción de las causas penales de especial complejidad, con medidas de apoyo funcional y organizativo que se revelan esenciales, para que dicha instrucción obtenga medios de colaboración siempre necesarios.
Entre las segundas destaca sobremanera la modernización del estatuto del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios judiciales. La reforma acertadamente profundiza en las funciones directivas y procesales del Secretario judicial, se avanza y pule las funciones, preparándonos para seguir siendo uno de los elementos fundamentales del servicio público prestado y factor de progreso y competitividad. Todo ello era necesario no solo por la justicia de trato de lo que ahora se incluye en la ley para solucionar verdaderas discriminaciones estatutarias con otros Cuerpos superiores, sino además para adaptar la organización bajo nuestro mando a lo que necesita una Justicia moderna y que quiere ser motor de la economía nacional y de la defensa eficaz de los derechos ciudadanos. En los últimos años se observa que la pendencia de los procedimientos que se tramitan en los Juzgados y Tribunales del territorio nacional está disminuyendo y ello es debido en gran parte a la anterior reforma del 2003 de la LOPJ y la reforma procesal del 2010 ambas, que otorgaron un mayor protagonismo al Cuerpo de Secretarios judiciales, y así, ha sido el acicate de esta mejora el impulso y resolución de los procedimientos que las últimas reformas procesales han atribuido al Secretario Judicial, y las medidas organizativas novedosas de la oficina judicial que dirigimos, según se diseña en el 2003 (NOJ), ambas cuestiones con datos como así se ha reflejado en el informe de actividad emitido por el Colegio Nacional de Secretarios judiciales, El Secretario Judicial en cifras. La mejora del servicio público necesita andar este camino, para lo que la intervención de los que ahora seremos llamados Letrados de la Administración de Justicia se convierte en factor necesario.
El Colegio valora el texto como una muy buena noticia para la Justicia en general y para el Cuerpo de Secretarios judiciales. Un texto en el que desde el Ministerio, se ha estado trabajando desde hace meses y muy esforzadamente, desde la primera reunión que mantuvimos con el Ministro de Justicia al poco de ser nombrado, y en el que se han incluido muchas de nuestras propuestas ya publicitadas desde el inicio de esta legislatura, y que el actual Ministro y todo su equipo ha sido, no solo sensible, sino que ha estado convencido de que había que impulsarlas de una vez por todas.
La Reforma busca además de solucionar los problemas estatutarios, introducir la especialización en el Cuerpo de secretarios, para que podamos contar con profesionales muy especializados en áreas o materias sensibles para la ciudadanía. Muy importante es que se reconoce al Secretario judicial (Letrado de la Administración de Justicia) funciones muy relevantes como el ejercicio de la mediación.
Se pretende alcanzar la solución a la discriminación en el sistema de categorías que nos ha preocupado muy especialmente, pues los efectos de la consolidación prevista en la ley actual iban en contra de la regulación general de la función pública. Con la reforma se corrige este agravio comparativo en nuestros derechos profesionales adaptándolo al general de la función pública.
Y como resumen relevante, en el nuevo texto, se incluirán también otras mejoras necesarias para la modernización del Cuerpo de cara al servicio público que exige la nueva Justicia, y entre ellas destacamos, así, el certero cambio de denominación, por el de Letrados de la Administración de Justicia. La inclusión en la definición del Cuerpo la función directiva que ejercemos ya en exclusiva, al decir que somos los Directores de las oficinas judiciales unificando criterios organizativos a nivel nacional y aprovechando nuestra estructura jerárquica. Un catálogo de derechos y deberes más adaptado con peculiaridades como el derecho a la especialización del Cuerpo tantas veces demandado para crear verdaderos especialistas en materias sensibles, y remisión genérica al Estatuto Básico del empleado público, es decir, el paso inicial y necesario a un estatuto adaptado a nuestras funciones como prometió el Ministro en su comparecencia en el Congreso tras haber tomado posesión del cargo, explicando su programa de gobierno. La necesaria audiencia obligada a las asociaciones de Secretarios judiciales representantes del colectivo en materias laborales y profesionales y de las cuestiones que afectan a nuestro estatuto. Y un régimen disciplinario propio con catálogo de faltas y sanciones adaptada a nuestra condición directiva; como más relevantes.
En definitiva creemos que se trata de una muy buena iniciativa legislativa que sin duda mejorará el servicio que merece y demanda la ciudadanía, y se comienza a hacer justicia, aún queda, con un Cuerpo Directivo que cada día se esfuerza generosamente por mejorar la respuesta de la organización e impulsar los procesos para asegurar el servicio público más ágil y eficaz. Queda camino por andar, incluso en este proceso de reforma de la LOPJ, y en las inmediatas adaptaciones del Reglamento que nos regula y las leyes procesales, pero la línea iniciada es altamente positiva.
Por Rafael Lara. Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales
