El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado esta mañana que, de momento, "queda aplazada" la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil que, no obstante, debía ponerse en marcha el próximo 15 de julio.
Se trata de una decisión que toma "tras constatar la oposición de parte del sector al proyecto", según informó Justicia, por lo que "ha decidido que no va a llevar adelante una reforma que no cuente con el consenso del conjunto de los profesionales".
Lo cierto es que la decisión del departamento que ahora dirige Rafael Catalá, de encomendar a este colectivo este servicio, se adoptó, sin embargo, en tiempos del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y, desde su anuncio, los registradores han mostrado su absoluto rechazo a la propuesta.
De hecho, ya en abril de 2013, durante la Asamblea General de los registradores celebrada en Zaragoza, el colectivo se opuso de plano a la llevanza del Registro. A partir de ahí, los actos de oposición y denuncia se han sucedido.
Privatización encubierta
También recibió críticas desde otros sectores, como los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales,que consideraron la encomienda una "privatización" encubierta.
Con todo, Catalá ha reiterado su intención de alcanzar un "consenso" que satisfaga a estos sectores críticos y se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se le haga en este sentido, para lograr, precisamente, "conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos".
Además, ayer defendió nuevamente su intención de "continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la necesaria desjudicialización de los registros, sacando su gestión del ámbito judicial, pero a través del diálogo, el consenso y la participación de los profesionales, y abiertos siempre al planteamiento de cualquier tipo de alternativas".
Lo que el Ejecutivo hará, matizó Catalá, es "seguir hasta encontrar una propuesta compartida por sindicatos, autonomías, partidos y otros agentes" si bien advirtió de que " en todo caso, no van a estar dialogando sine die", en el marco, recordó de las medidas de desjudicialización iniciadas en 2011".
Tras el anuncio de Catalá, las reacciones de los distintos sectores de la Justicia no se han hecho esperar. De este modo, el Sindicato de Secretarios Judiciales, que celebró la decisión del ministro, reiteró ayer "la plena disponibilidad y capacidad del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales para asumir la dirección del Registro" al tiempo que señaló que "apoyará plenamente la modernización del Registro".