Hacienda catalana contará con un plan antifraude y con 600 personas en 2018

Barcelona, 22 abr (EFE).- La Generalitat ha presentado hoy un plan para prevenir y reducir el fraude fiscal en Cataluña con el que busca potenciar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), un organismo que tiene ahora 324 funcionarios y que en 2018 espera contar con unos 600 efectivos, lo que supone un aumento del 85%.

La directora de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), Teresa Ribas, ha explicado en rueda de prensa que ésa es al menos la previsión de crecimiento del personal de la ATC que hace para los próximos años, un organismo que el actual gobierno catalán espera convertir en una verdadera Hacienda catalana.

Con todo, el plan presentado hoy, que abarca el período 2015-2018, no incluye una previsión detallada de aumento de personal año a año, si bien recuerda que a lo largo de 2015 se aumentará la plantilla de la ATC en 114 personas, entre ellas 25 inspectores.

En la misma línea, la ATC se propone que entre este año y mediados de 2016 la administración catalana pueda asumir la recaudación ejecutiva de todos los impuestos que dependen de ella -ahora la tiene delegada a la Agencia Tributaria del Estado- gracias a la colaboración de unos 300 empleados de otras administraciones catalanas, como las Diputaciones y los entes locales.

El director del programa para la aplicación y desarrollo de los tributos de Cataluña, Jordi Boixareu, ha subrayado que el "reducido" ámbito competencial del gobierno catalán en materia fiscal no impide que se proponga una actuación "decidida" contra el fraude.

Por su parte, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha precisado que este plan "no es ninguna improvisación", sino que se estaba trabajando "desde hace meses" y responde al pacto de estabilidad parlamentaria firmado con ERC.

El plan recoge un total de 86 medidas, entre las que destacan el propósito del Govern de crear un buzón online para recibir denuncias de prácticas fraudulentas en materia tributaria, que podrán ser anónimas, ha aclarado Boixareu.

Asimismo, el Govern encargará a un equipo de personas de la administración y a un grupo de profesores universitarios que calcule el llamado tax gap o brecha fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos fiscales que podría obtener Cataluña y los que realmente obtiene.

El plan también prevé identificar casos de deslocalizaciones fraudulentas de contribuyentes para no pagar impuestos en Cataluña o bien la creación de equipos de investigación patrimonial para descubrir patrimonios.

Potenciar la inspección y el control en sectores como el turístico, el juego, el inmobiliario o bien las subastas son otros objetivos de este plan, que también contempla campañas pedagógicas entre la ciudadanía para aumentar la recaudación voluntaria así como otorgar distintivos de buen contribuyente.

Actualmente, la Generalitat tiene competencias de gestión sobre el Impuesto de Transmisiones, sobre Sucesiones, sobre Patrimonio, sobre los vinculados al juego o bien sobre gravámenes y cánones, entre otros.

Boixareu ha precisado que este plan se enmarca en la política de "fortalecimiento" de la Agencia Tributaria de Cataluña, cuyo presupuesto ha aumentado este año un 25 %.

El conseller ha destacado la importancia de luchar contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, y ha estimado que si la economía sumergida aflorara en España se podrían recaudar unos 30.000 millones de euros más, lo que supone un 3% del PIB español.