Atender a las víctimas será "una obligación y no una opción" tras la aprobación de su Estatuto, defiende Catalá

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su satisfacción por la aprobación este jueves del Estatuto de la Víctima y ha destacado que a partir de su entrada en vigor, seis meses después de su publicación en el BOE, atenderlas será "una obligación y no una opción" política.

Durante una breve intervención en el Pleno del Congreso al término del debate de las enmiendas del Senado, último trámite parlamentario, el ministro ha destacado que la ley, la primera de este tipo existente en Europa, constituye un auténtico "éxito colectivo" que ha contado con la participación de numerosas asociaciones de afectados por delitos tan dispares como el terrorismo, la violencia de género, contra la seguridad vial, accidentes aéreos, infancia o derechos humanos

Representantes de varias de estas agrupaciones han seguido el debate desde la tribuna de invitados. "Sus aportaciones permiten alcanzar un magnífico proyecto", ha dicho Catalá que ha advertido: "Si una sociedad olvida a las víctimas no es una sociedad sana".

El titular de Justicia ha puesto de manifiesto que el Estatuto abarca un catálogo completo de derechos procesales y extraprocesales para la protección de la víctima del delito. "Estamos orgullosos de tener una sociedad más justa con quienes lo sufren, un país más avanzado y solidario", ha agregado.

El pleno del Congreso ha debatido por primera vez la norma, que fue aprobada por su Comisión de Justicia, con competecencia legislativa plena, el pasado mes de diciembre y superó hace unas semanas el trámite en el Senado con la única adición de enmiendas de tipo técnico y corrección de errores.

RETICENCIAS DE VARIOS GRUPOS

El punto más polémico, la inclusión del derecho de las víctimas de los delitos más graves, entre ellos el terrorismo, a ser escuchadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que decida sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios penitenciarios de sus agresores, ha levantado las reticencias de varios de los grupos.

Así, el diputado del PNV Aitor Esteban ha indicado que el estatus conferido a la víctima le ofrece posibilidades de participación en el proceso penal "exorbitantes" y "sin parangón" y ha lamentado que se incida en ofrecer una justicia "más retributiva que restaurativa".

En la misma línea, el diputado de IU Gaspar Llamazares, ha destacado que su formación defiende la presencia de la víctima en el proceso de forma equilibrada. "Hay que hacerles hueco, darles el protagonismo que merece el daño y el dolor sufrido, pero sin restar capacidades al Estado", ha indicado.

Jordi Jané, de CiU, ha destacado por su parte las dificultades para la reinserción y la rehabilitación del penado que ofrece esta prerrogativa y ha agregado que el artículo donde se recoge, el 13, "ha roto un consenso necesario".

Por su parte el diputado del PSOE Juan Carlos Corcuera ha destacado otra "carencia" de la ley que, en su opinión, excluye a una parte de las víctimás como las de delitos de seguridad vial o del franquismo. "Reiteramos nuestra sensación de que no hemos sido escuchados", ha dicho.

Carmen Quintanilla, del PP, ha rechazado estas críticas y ha destacado que las víctimas contarán con el Estatuto con herramientas "que necesitan, demandan y merecen". Ha destacado también el "empeño" de su formación para llegar a acuerdos en la tramitación de la ley, en la que se han incluido 44 enmiendas.

Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha reconocido que la ley podría ser "mejorable" y ha indicado que, por ejemplo, no incluye el derecho de las víctimas desplazadas del País Vasco y Navarra por la amenaza de ETA a poder votar en ese territorio. A pesar de ello, ha realizado una lectura positiva de la norma: "Es un buen día para reparar el dolor de las víctimas del terrorismo", ha concluído.

POLÉMICO ARTÍCULO 13

El PP enmendó el proyecto de ley para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria dé la posibilidad a la víctima para formular alegaciones en el plazo de cinco días antes de decidir sobre la clasificación del condenado en tercer grado, la libertad condicional o los beneficios penitenciarios.

Además, el artículo 13 permite recurrir estas decisiones en delitos de terrorismo, homicidio, aborto, lesiones, torturas, trata de seres humanos, robo con violencia, contra la libertad, contra la integridad moral o contra la libertad sexual. El auto de libertad condicional es recurrible cuando imponga una pena de más de cinco años de prisión.

Aprobado el pasado agosto en el Consejo de Ministros, el texto constituye un amplio catálogo de derechos procesales y extraprocesales que incluye nuevos derechos. Establece que los juzgados les notificarán resoluciones de especial interés en la dirección de correo electrónico que faciliten o, en su defecto, en su dirección postal, si bien podrán manifestar su deseo de no ser informadas sobre estas cuestiones.

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