Los inspectores de Hacienda piden un Estatuto Orgánico para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). A su juicio, "este marco jurídico es en momentos actuales más necesario que nunca". Los inspectores instan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a aprobar "sin dilación esta norma". Aseguran que lleva pendiente desde 1991.
"Un estatuto de la AEAT garantizaría la independencia, la objetividad y aportaría seguridad y tranquilidad a la labor de sus funcionarios, muy especialmente de aquellos con responsabilidades de decisión", señalan.
Los inspectores recuerdan que "la AEAT es una institución esencial en el tejido administrativo y económico del país, con competencias de control y supervisión extraordinariamente relevantes y sensibles a las influencias políticas y que, en los últimos años, se han puesto en tela de juicio la independencia y la objetividad de la AEAT y, consecuentemente, también la de los inspectores que trabajan en la Agencia y que asumen máximas responsabilidades".
Sostienen que se encuentran en su ejercicio diario con dificultades de distinto tipo, entre las que el Cuerpo destaca la resistencia "casi natural" del contribuyente al pago de los impuestos. "Este tipo de situaciones han aumentado en los últimos años ante los números casos de corrupción y despilfarro de caudales públicos. Estos escándalos provocan en la ciudadanía una merma de la ya de por sí débil conciencia ciudadana y crea una enorme desconfianza sobre el destino final del dinero que se recauda", indican.
Los profesionales aseveran que, cuando las actuaciones y decisiones inspectoras tienen que ver con una persona o empresa relevante, social o económicamente, "cualquier decisión de los responsables de la Agencia Tributaria corre el riesgo de ser tachada de política".
"Es frecuente ver como surgen dudas sobre posibles injerencias por parte de aquellos inspectores que tienen la responsabilidad de decisión", añaden. El Cuerpo critica los cambios en los puestos de máxima relevancia -como oficinas técnicas, jefaturas de departamentos o de delegaciones-. En su opinión, producen recelos y dudas sobre la profesionalidad de los cesados y sobre la independencia de aquellos que toman tal decisión.
