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Tribunal mexicano inicia proceso penal contra presunto líder de los Zetas

México, 13 mar (EFEMEX).- Un tribunal mexicano ordenó el inicio de un juicio contra Óscar Omar Treviño Morales, presunto líder del cártel de los Zetas, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales encontró elementos necesarios para decretar auto de formal prisión, medida que marca el inicio de un proceso penal, a Treviño Morales, Juan Pablo Téllez de la Cerda y Ricardo Aurelio Torres Rodríguez, indicó en un comunicado el CJF, órgano administrador del Poder Judicial en México.

Apenas el lunes pasado Treviño Morales y los dos coacusados rindieron declaración preparatoria ante el Juzgado Segundo, en el central Estado de México, y pidieron la duplicidad del término constitucional para que el tribunal definiera su situación, plazo que finalmente venció este viernes.

Treviño se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que Téllez y Torres están presos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco en Villa Aldama, Veracruz.

El presunto líder de los Zetas fue capturado el 4 de marzo en una operación federal encabezada por el Ejército en San Pedro Garza García, estado de Nuevo León, y en una acción simultánea fue arrestado Carlos Arturo Jiménez, supuesto operador financiero del cártel.

En ambas operaciones fueron detenidos otros cuatro presuntos miembros de los Zetas, agrupación que se formó en 1999 por desertores del Ejército y, tras más de una década como brazo armado del cártel del Golfo, se escindió en 2010 para iniciar una cruenta guerra con otros grupos criminales por el control del territorio mexicano.

Entre las acciones violentas atribuidas al grupo se cuentan ataques a legaciones diplomáticas de Estados Unidos en Nuevo León y Tamaulipas, el incendio de 2011 en el Casino Royale en Monterrey (Nuevo León), en el que murieron 52 personas, y la matanza de indocumentados en San Fernando (Tamaulipas) en 2010.

La agrupación es señalada como responsable de tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de personas y de armas, entre otros delitos.

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