Una sentencia pionera en el ámbito penal condena por primera vez en España a penas de prisión a un grupo organizado dedicado al expolio de yacimientos arqueológicos, en este caso ubicados en la provincia de Cáceres, y cuya investigación ha permitido recuperar 7.500 objetos.
Aunque existen sentencias condenatorias de prisión a personas que cometieron este tipo de delitos a título individual, el fallo ahora conocido, emitido por el Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres, es el primero en el conjunto de España que fija penas de cárcel para un grupo organizado dedicado a esta actividad delictiva.
Entre 12 y 18 meses de cárcel
El fallo estima la comisión de un delito específico sobre el Patrimonio Histórico, en su modalidad de daños, e impone a los condenados penas de prisión que oscilan entre los 12 y los 18 meses de prisión.
Los detalles de la operación y de la sentencia han sido ofrecidos hoy en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, y la titular de la Fiscalía de Medioambiente de Cáceres, Olga Suárez, quienes han estado acompañados por el jefe del Grupo de Investigación de Patrimonio de la UCO, Jesús Gálvez.
Este último ha explicado que es la primera vez que se ha podido asociar unas piezas robadas por un grupo organizado al yacimiento del que fueron sustraídas, merced al trabajo de los arqueólogos y de las pesquisas -incluidas intervenciones telefónicas- realizadas por los efectivos de la Guardia Civil.
Hasta ahora solo se había condenado a este tipo de grupos por los delitos de apropiación indebida o receptación ante la imposibilidad de relacionar las piezas extraías con los yacimientos de origen.
Sienta precedente
Por ello, la sentencia del Juzgado cacereño, a la que EFE ha tenido acceso, sienta un precedente a nivel nacional, pues hasta ahora esta modalidad delictiva sólo había sido sancionada judicialmente en el orden contencioso-administrativo.
En total, han sido condenados 10 integrantes de este grupo, a los que el instituto armado les intervino cerca de 7.500 objetos, entre piezas de valor y restos arqueológicos.
Entre estos efectos destacan monedas, anillos, fíbulas, puntas de flecha, hebillas y botones procedentes de la cultura íbera, romana, visigoda y árabe, cuyo valor aproximado en el mercado negro rondaría los 20.000 euros, según ha afirmado López Iglesias.
Los ahora condenados ocasionaron desperfectos y sustrajeron piezas de la necrópolis de incineración romana de "La Pasada" en Talayuela, del asentamiento romano "Casa del tío Miguel" en Portezuelo" y en el yacimiento prehistórico "Santa Marina la Vieja" en Ahigal.
También actuaron en el yacimiento visigodo "Las cochineras" de Jaraíz de la Vera, la alquería islámica "Herrunz de Abajo" de Trujillo y en la ocupación de la Edad del Bronce de "San Albín" en Santibáñez el Bajo, entre otros lugares.
Esta actuación de la Guardia Civil, denominada 'Operación BADIA', se inició en 2009 tras constatar la existe existencia de una organización delictiva perfectamente estructurada.
En un primer escalón estaban los expoliadores de yacimientos arqueológicos, conocidos como "detectoristas" o "piteros", mientras que en un segundo peldaño se encontraban los intermediarios, que se encargaban de adquirir los objetos procedentes de los expolios para su posterior oferta y venta a los integrantes del último escalón, que comprendía a los coleccionistas o compradores finales.
Se da la circunstancia de que esta investigación ha permitido incorporar a la Carta Arqueológica de Extremadura ocho nuevos yacimientos extremeños que hasta ahora habían pasado inadvertidos, y que datan desde la Edad de Bronce hasta la época de dominación árabe de la península.
La sentencia recoge la obligación de los procesados de pagar multas por importes comprendidos entre los 630 y los 2.172 euros, así como indemnizar a la Junta de Extremadura con 127.564 euros por los daños causados en los yacimientos.
