El Colegio de Abogados de Madrid no asignará ningún letrado para la asistencia a imputados que no estén detenidos y tampoco atenderá las peticiones que se formulen para la asistencia a juicios rápidos. Sin embargo, el servicio de guardia de asistencia funcionará, sin excepciones, para las personas privadas de libertad, víctimas de violencia de género y trata de seres humanos.
Son las medidas de presión que el Colegio madrileño ha puesto en marcha, desde ayer, tras la ruptura de las negociaciones, el pasado 25 de febrero, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de Justicia Gratuita y Turno de Oficio.
La abogacía madrileña asegura que, con estas protestas, buscan "defender un servicio público para los ciudadanos y dignificar el trabajo de los profesionales".
En cuanto a la asistencia letrada a los detenidos, las limitaciones tendrán la única excepción de aquellas peticiones que, por urgencia del asunto, y comunicadas mediante resolución motivada, "resulte imprescindible la actuación del letrado sin demora". Los abogados intentan de este modo, que ninguna persona se vea privada de su derecho a la defensa.
La protesta también afecta a las designaciones de turno de oficio y tramitación de expedientes de asistencia jurídica gratuita. El Colegio explica que "salvo en aquellos casos donde un órgano judicial lo requiera mediante auto motivado, quedan paralizadas las designaciones de letrados hasta que el expediente de asistencia jurídica gratuita esté completo".
Por otra parte, el servicio de orientación jurídica se limitará "al cumplimiento estricto de las obligaciones legales", quedando fuera las prestaciones adicionales que realiza el Colegio de Madrid en este servicio.
En estos servicios, explican desde la institución, se atenderá a los ciudadanos que tengan procedimientos judiciales en trámite o con plazos de caducidad o prescripción inmediatos.
Lucha con la Administración
El Colegio de Abogados de Madrid ha mantenido múltiples reuniones con la Consejería de Presidencia y Justicia en los últimos meses. La institución da por agotadas todas las vías de negociación y pide la racionalización del sistema y el ajuste de las bases de compensación económica.
La decana, Sonia Gumpert, aseguró a este periódico que el turno de oficio es "un acto de responsabilidad social" que realizan los abogados. Ante el retraso en los pagos y la falta de financiación, Gumpert sostuvo que "los abogados españoles no pueden financiar los servicios de Justicia Gratuita, que es una responsabilidad del Estado". La decana destacó el intenso trabajo de los letrados. "Creemos que ha llegado el momento de que la Administración haga un gesto", concluyó.
