
Nairobi, 5 dic (EFE).- El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, se mostró hoy "aliviado" y "emocionado" tras conocer que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha retirado los cargos contra él como presunto responsable de la ola de violencia postelectoral ocurrida en su país a finales de 2007.
"Para ser sincero, estamos muy emocionados. He estado esperando esta noticia desde el día en que mi nombre fue vinculado a este caso", declaró el presidente keniano a través de la cuenta oficial del Gobierno en Twitter tras conocer la decisión del CPI.
"También estoy profundamente aliviado por esta decisión, que ha tardado seis años", añadió el presidente, quien insistió en que tiene la conciencia "muy tranquila".
"He declarado en repetidas ocasiones mi inocencia a la gente de Kenia y al mundo entero", reiteró.
El mandatario denunció que los casos vinculados con Kenia fueron llevados ante la CPI "sin la debida investigación" y con "un fuerte interés para estigmatizar a las personas acusadas".
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, tomó hoy la decisión de retirar los cargos al mandatario debido a la falta de pruebas suficientes para juzgarle, algo que achacó a la falta de cooperación del Gobierno africano.
No obstante, la fiscal no descartó presentar más adelante nuevos cargos contra Kenyatta "si se obtienen suficientes evidencias".
En palabras del presidente keniano, "el hecho de que la Fiscalía defienda un caso falto de pruebas demuestra la presión ejercida por intereses deshonestos", lo que "debilita la filosofía de la justicia internacional".
"No hay justicia cuando organizaciones de derechos humanos y un tribunal internacional conspiran para traicionar a las víctimas" y "persiguen a inocentes", añadió.
"Un caso menos, quedan dos", añadió Kenyatta, en referencia a los procesos que siguen en marcha contra el vicepresidente de Kenia, William Ruto, acusado por los mismos hechos, y contra Walter Osapiri Barasa, un periodista keniano imputado por sobornar a testigos para que se retiraran del caso.
La Fiscalía de la CPI había acusado a Kenyatta de haber orquestado y financiado las turbas que en 2007 protagonizaron la grave ola de violencia postelectoral vivida en el país, cuando ostentaba el cargo de viceprimer ministro y titular de Finanzas.
En estos altercados murieron unas 1.300 personas y más de 600.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Tras la victoria de Kenyatta en las elecciones de marzo de 2013, Kenia se convirtió en el primer país que eligió como jefe de Estado a un candidato procesado por la CPI y en el segundo país, después de Sudán, dirigido por un presidente en activo que afrontaba un juicio de esa corte con sede en La Haya.
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