Catalá ve el plan de jueces decanos sobre corrupción en línea con el de Rajoy

Bruselas, 4 dic (EFE).- El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy que las propuestas formuladas este miércoles por los jueces decanos a favor de ampliar la prescripción de los delitos de corrupción y agravar las penas, van en la línea de las medidas propuestas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Sus reflexiones en torno a la lucha contra la corrupción son muy cercanas a las que el presidente del Gobierno la semana pasada planteaba en el debate del Congreso de los Diputados", afirmó Catalá en una rueda de prensa en el marco del consejo de ministros de Justicia que se celebra hoy en Bruselas.

Agregó que estas medidas también incluyen aspectos como la ampliación del plazo de prescripción e inhabilitación y el incremento de penas, así como herramientas para garantizar la recuperación del fruto económico del delito.

"Coincidimos bastante en las inquietudes que ellos (los jueces decanos) planteaban, que luego han formalizado en su documento de conclusiones, pues estábamos trabajando de manera muy coordinada", añadió.

Los jueces decanos propusieron ayer en Valencia una batería de medidas en el ámbito judicial español para luchar contra la corrupción, que recogieron en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción".

Entre las medidas sugeridas, figuran la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las que destacan la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.

La limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso de delitos de corrupción, "salvo en casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas", es otra de las medidas propuestas por los decanos.

Del mismo modo, sugirieron la especialización de juzgados y tribunales provinciales o autonómicos para instruir y enjuiciar delitos económicos, la eliminación de la competencia del Tribunal del Jurado para los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción y la revisión de los aforamientos.