El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de Patentes con el objetivo de garantizar la calidad y seriedad de las patentes españolas, así como actualizar la normativa actual, vigente desde 1986, y adaptarla al marco europeo.
Según el Gobierno, con la nueva Ley se pasa de patentes "débiles", que generan a menudo burbujas tecnológicas, alta litigiosidad y monopolios injustificados, a patentes "fuertes", comparables a las de los sistemas internacionales y países industrializados. También se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, favoreciendo la internacionalización de las empresas.
De este modo, se pretende "evitar monopolios injustificados, ya que no se dan la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone, salvo que se justifique realmente la novedad y altura inventiva".
En concreto, las patentes se hacen más fuertes en tanto que, a partir de ahora, requerirán un examen previo que acredite que la invención es nueva, inventiva y tiene aplicación industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se concederá la patente, desapareciendo las "patentes débiles", patentes "curriculares", que existían hasta ahora, sin examen previo.
En la misma línea, se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP, título de propiedad industrial que extiende por un plazo máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización.
Apoyo a los emprendedores y pymes
Por otro lado, la nueva Ley persigue fomentar la iniciativa emprendedora mediante la reducción de un 50 por 100 de la tasa para la obtención de una patente para los emprendedores.
De este modo, se incentiva la protección de la innovación por parte de pymes y emprendedores, al disminuir el coste del procedimiento para obtener una patente.
Ya a nivel general, se beneficiarán todos los ciudadanos en cuanto que, según el Gobierno, con la nueva norma "se garantiza la seriedad de las patentes, y se simplifican los procedimientos, reduciendo las cargas administrativas".
Paralelamente, tanto para la Administración y los Tribunales "se evita la sobrecarga de la Administración al no tener que tramitar patentes de escasa calidad técnica, y de los Tribunales, ya que no se otorgarán monopolios injustificados".
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