Washington, 27 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy "inquietud" sobre cómo protege el Gobierno colombiano los derechos de los campesinos desplazados por la construcción de presas o grandes proyectos hidroeléctricos.
Después de escuchar las quejas de 21 organizaciones colombianas que representan a campesinos, los comisionados pidieron al Estado información específica sobre las medidas que está tomando para restituir los derechos de las personas desplazadas y proteger su derecho a la tierra.
"No me quedó claro si se reconoce como problema real y de qué magnitud", destacó el comisionado Felipe González, en la primera jornada del 153 periodo de sesiones de la Comisión, que empezó hoy en Washington.
Por su parte, el comisionado José de Jesús Orozco Hernández hizo alusión a las nueve personas asesinadas y las 27 que han sido amenazadas por su oposición a la construcción de represas, según denunciaron los peticionarios.
"Soy Cristina Zulueta, víctima del paramilitarismo en Ituango Antioquia y víctima del megaproyecto más grande de Colombia, Hidroituango. Toda mi vida he buscado las razones por las cuales a mis 14 años tuve que salir con mi familia de mi pueblo", dijo en su intervención una de las afectadas por los macropoyectos.
"Hoy con el dolor que me produce, puedo afirmarles que el interés por construir las presas Urrá, Hidroituango, Espíritu Santo y las decenas de megaproyectos mineroenergéticos pensados para la zona son las causas reales de mi desplazamiento", denunció la afectada.
En este sentido, incidió en que 79.429 personas han sido desplazadas del Caño de Rico Cauca en Antioquia, y que otras 3.200 fueron expulsadas de la zona de Córdoba "porque había que abrirle paso a los megaproyectos".
"Vine a presentar mi testimonio porque en Colombia se nos agotaron las oficinas que visitar. Hemos acudido a todas las instancias y no hemos encontrado soluciones", añadió Zulueta, que preguntó a los representantes del Estado: "¿Cuántos somos expulsados realmente por el conflicto armado y no por las represas?".
Tras el testimonio de Zulueta, otra de las peticionarias, Johana Rocha, pidió a la CIDH que visite algunas de las zonas afectadas para conocer de cerca la situación y proponer medidas para garantizar la reparación de los campesinos desplazados.
Además, pidió a la CIDH que inste a Colombia a aplicar una moratoria a todos los proyectos que están provocando desplazamientos.
El Estado contestó a las reclamaciones de los peticionarios que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia reconoce como personas desplazadas a las víctimas de la violencia y no a los campesinos desplazados.
"No ha habido desplazamientos sino protección de los derechos a la vida, la sociedad y el medio ambiente mediante la imposición a las empresas de ciertas obligaciones", dijo el representante del Gobierno colombiano en materia de Medio Ambiente, Javier Molina.
El reasentamiento de las comunidades y el acompañamiento psicosocial son algunas de las condiciones impuestas por el Gobierno a las empresas.
Además de esta audiencia sobre las denuncias de desplazamiento forzado, el Estado colombiano compareció hoy ante otras cuatro audiencias, entre las que destacaron una sobre la participación de mujeres en el proceso de paz.
En ella, once asociaciones denunciaron la histórica marginación de las mujeres en el reparto de recursos y alertaron de la posibilidad de que esto continúe tras un eventual fin del conflicto armado.
La representante del Ministerio del Interior de Colombia, Paula Rivero, dijo que el Gobierno ha creado una "convención" para afrontar "los diálogos de paz con un enfoque de género".