Torres-Dulce reclama ante el Rey más medios para luchar contra la corrupción

Madrid, 10 sep (EFE).- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha aprovechado hoy su discurso de apertura del Año Judicial, ante el Rey Felipe VI, para reclamar más medios en la lucha contra la corrupción pública, política y financiera, ya que la respuesta judicial es "en exceso lenta y a veces desigual".

Aunque sin mencionar el debate soberanista catalán, también ha abogado por la Constitución como el marco de convivencia de todos los españoles, mientras que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha defendido la unidad de la nación y la lealtad a "las reglas del juego" constitucionales.

Corrupción y Cataluña han sido, por tanto, las dos grandes cuestiones que la cúspide de la justicia española ha abordado en la primera apertura del año judicial que preside Felipe VI como Rey, tras el relevo en la Corona, que consolida la monarquía parlamentaria y "fortalece la unidad" de España, en palabras de Torres-Dulce.

El acto institucional, como todo los años, ha contado con la asistencia de los responsables de las principales instituciones del Estado, como los presidentes del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, y, además de la alcaldesa de Madrid y del presidente de la Comunidad, por primera vez ha asistido también el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El discurso del fiscal general del Estado ha sido crítico con algunas reformas judiciales del Gobierno y reivindicativo en la lucha contra la corrupción, ya que, además de la necesidad de disponer de más medios para combatirla, ha planteado la conveniencia de atajarla en su origen, en el uso y control de los fondos públicos de las instituciones, partidos y sindicatos.

Aunque ha lanzado el mensaje positivo de que "el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos", Torres-Dulce ha asegurado que la respuesta de la justicia sigue siendo "en exceso lenta y a veces desigual".

Por ello, su lucha, ha dicho Torres-Dulce, exige "profundas reformas" en la Administración pública y en el sistema de control de los fondos públicos y del sistema financiero.

En su discurso, el fiscal general ha destacado que la corrupción pública "daña seriamente la imagen en la función pública y su erario", pero la corrupción política "mina la credibilidad del sistema democrático".

También se ha referido a la corrupción privada, que en el terreno financiero "compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza y provoca crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables".

"Si el sistema judicial", ha afirmado, "no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, toda la armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente".

Respecto a este asunto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha subrayado el compromiso de los jueces españoles "para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción".

El proceso soberanista de Cataluña también ha encontrado dos alusiones claras en los discursos; mientras el presidente del Poder Judicial ha expresado su convicción de que solo desde la lealtad, que "impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir" la convivencia, será posible la prosperidad "en la unidad, pero con respeto a la diversidad", Torres-Dulce ha dicho que todos los españoles tienen cabida en la Constitución, que ampara la convivencia política y "nunca la dificulta".

Sobre otras cuestiones, el fiscal general del Estado ha anunciado la creación de unidades de investigación en las grandes fiscalías para agilizar la instrucción de los procesos judiciales, después de criticar que el Gobierno haya desistido de entregar la instrucción penal a los fiscales.

Torres-Dulce ha defendido la reducción "razonable" del número de aforados y "una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado", así como la regulación adecuada de las medidas de investigación "limitativas" del derecho al secreto de las comunicaciones.

Un grupo de medio centenar de funcionarios de la Administración de Justicia recibieron al Rey con abucheos, pitidos y gritos contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a la llegada del Monarca al Supremo.