Quito, 7 ago (EFE).- El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entrará en vigor el próximo domingo en Ecuador, permitirá recuperar la libertad a condenados por consumo de drogas o que hayan portado cantidades mínimas de esas sustancias, aunque la medida no favorecerá a "peces gordos", se informó hoy.
Así lo reveló el jueves el titular de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, tras asegurar que esa normativa ha establecido unas escalas para valorar las penas que se impongan a quienes trafiquen sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Pazmiño, entrevistado por la cadena de televisión Ecuavisa, indicó que el código penal que está actualmente en vigor y que será reemplazado por la nueva normativa, no hacía diferencias sobre las cantidades de drogas para establecer las condenas.
Según el titular de la Defensoría Pública, se imponían las mismas penas si el procesado era encontrado con diez gramos de marihuana o con diez toneladas, lo que calificó como "injusto".
Por ello, aseguró que en el COIP se han establecido escalas para establecer las sentencias respecto a los volúmenes y que van desde una cantidad mínima que va de entre 0 y 50 gramos de cocaína y entre 0 y 300 gramos de marihuana.
También se establecen escalas media, alta y de gran escala a las que se imponen penas mayores, añadió Pazmiño al precisar que quienes sean detenidos con cantidades que se ajusten a la mínima escala tendrán condenas de entre dos y seis meses de prisión.
Por ello, señaló que las personas que hayan sido condenadas a varios años de reclusión por portar cantidades mínimas podrán recuperar la libertad previo a un proceso que la Defensoría Pública lleva adelante.
Por ejemplo, una persona que haya sido sentenciada a ocho años de cárcel por portar 40 gramos de droga y ya haya superado ese tiempo en prisión, podrá recuperar la libertad.
Con la entrada en vigor del COIP, "son los que están en la mínima escala" los que podrán recuperar la libertad, agregó.
"Los peces gordos no van a salir de prisión", recalcó Pazmiño al señalar que la Defensoría Pública ha revisado unos 16.000 casos de personas apresadas.
De esa cifra, detalló, sólo el 3 por ciento ha sido sancionado por trafico de drogas, mientras que el resto ha sido condenado por tener mínimas cantidades.
"Hemos encerrado a personas que no merecen estar en la cárcel", por ser consumidores, pues ellos deberían ser atendidos en el sistema de salud pública, agregó.
Además, recordó que la normativa establece que las personas que porten de 0 a 10 gramos de marihuana o un gramo de cocaína para consumo, no pueden ser detenidas.
Pazmiño insistió en que "para los grandes traficantes la cárcel está bien", pero dijo que hay una situación de injusticia para las personas condenadas por mínimas cantidades.
Para él, la política pública debería también atacar el consumo entre la juventud de "otras drogas permitidas como el alcohol y el cigarrillo" por las que, según dijo, se llega a sustancias más fuertes.
"El tema de la droga hay que abordarlo desde una perspectiva de salud pública, de educación" y de vida en familia, por lo que se requiere un trabajo de política pública en las escuelas y en los hogares, apostilló.
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