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Una juez obliga a la Comunidad de Madrid a pagar un abogado de oficio a Díaz Ferrán

Madrid, 17 jul (EFE).- Una juez de Madrid ha reconocido el derecho del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán a la Justicia Gratuita que le denegó la Comunidad de Madrid, que deberá pagarle ahora un abogado de oficio, porque aunque dispone de bienes por más de medio millón de euros, no puede disponer de ellos.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, revoca la decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid del pasado 17 de enero, en la que rechazaba la petición de Díaz Ferrán ante los "signos externos" de que él y su mujer cuentan "con capacidad económica" suficiente para afrontar este gasto.

La juez, que otorga así el derecho de Díaz Ferrán a un abogado de oficio y le exonera de pagar tasas judiciales, explica que el matrimonio dispone de propiedades en porcentajes que oscilan entre el 33 y el 50 por ciento, salvo en una, cuyo "valor de mercado es superior al medio millón de euros".

Así, menciona una casa en Madrid con un valor catastral de 1,2 millones de euros y otra en Castell-Platja D'Aro (Girona) tasada en más de 634.000 euros y una propiedad en Los Molinos (Madrid) de más de 644.000 euros.

También cuentan con un suelo sin edificar en Coslada (Madrid), valorado en 411.000 euros; otro inmueble en la capital de más de 186.000 euros y una vivienda en Alicante de casi 38.000 euros, así como "hasta un total de 35 bienes inmuebles rústicos de diverso valor catastral situados en Baralla (Lugo)".

Sin embargo, Gallego, que declaró a Díaz Ferrán culpable del concurso de Marsans y le inhabilitó durante 15 años, sostiene que hay que tener en cuenta dos datos de "absoluta relevancia", como es el concurso personal tanto del exdueño del grupo turístico como de su mujer.

De ahí que deba partirse de "la premisa de que todo derecho o activo que pudiera ser titularidad de cualquiera de los dos en realidad pertenece a la masa de los referidos concursos",

En este sentido, recuerda que la administración concursal apuntó a la "insuficiencia de la masa para hacer frente a la totalidad de los créditos" y que hasta el momento presente no se ha ingresado cantidad alguna.

La ley de asistencia jurídica gratuita recoge que se reconocerá este derecho "a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud".

Por todo ello, concluye que en el caso del matrimonio de Díaz Ferrán y Raquel Santamaría "consta acreditado" que tienen "suspendidas sus facultades de disposición y administración de sus bienes" al estar atribuidos a la administración concursal, estando incluso la pensión del expresidente de la patronal afectada por este procedimiento.

Además de Justicia gratuita, Díaz Ferrán reclamó una cantidad mensual para productos alimenticios y de higiene personal para garantizar la "mínima subsistencia" de él y su esposa y su "propia dignidad personal", pero el Juzgado de lo Mercantil número 5 se lo denegó al considerar que la Administración Concursal ya le aseguraba sus "necesidades mínimas".

Según un informe policial aportado a la causa por la que será juzgado junto a Ángel de Cabo por el vaciamiento patrimonial de Marsans en la Audiencia Nacional, Díaz Ferrán llegó a acumular bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, entre ellos la finca El Alamín, valorada en 40 millones o su domicilio en Madrid y dos apartamentos en Nueva York, con un valor conjunto de 7,47 millones.

El expresidente de la CEOE se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 bajo fianza de 5 millones de euros por orden de la Audiencia Nacional, que a principios de año le condenó a dos años y dos meses de cárcel por defraudar a Hacienda 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet.

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