
Sevilla, 25 jun (EFE).- El juez de instrucción 9 de Sevilla ha dejado hoy en libertad a los cinco primeros empresarios que han sido puestos a disposición judicial por las presuntas facturas falsas de UGT, tras una comparecencia en la que aseguraron haber actuado por indicaciones del sindicato y en la creencia de hacerlo legalmente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ayer detuvo a catorce personas en Sevilla, Madrid y Jaén, y esta mañana a otras dos en Alicante, ha puesto hoy a disposición judicial a diez detenidos, de los que los cinco primeros han quedado en libertad sin fianza.
Se espera que mañana comparezca ante el juez Federico Fresneda, exvicesecretario de Administración de la UGT-A, que fue detenido en Canarias y hoy ha sido trasladado en avión hasta Sevilla.
El fiscal anticorrupción no pidió medidas personales ni de responsabilidad civil para los empresarios y el juez les imputó delitos de falsedad y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude en subvenciones, han informado a Efe fuentes del caso.
Se trata del dueño de la empresa Chavsa, un empleado suyo, el administrador de Viajes Macarena, el propietario de Lienzo Gráfico y el dueño de una imprenta sevillana, quienes declararon al juez que creyeron estar actuando legalmente y que siempre lo hicieron según las indicaciones del sindicato.
Han añadido que esperan acreditar en su momento la legalidad de su actuación.
A lo largo de la tarde, el juez seguirá tomando declaración a otros imputados, entre ellos Miguel Ángel González Guzmán, administrador de la empresa jiennense KND Caronte, quien esta mañana fue trasladado desde Jaén a Sevilla.
A los catorce detenidos ayer en Sevilla, Madrid y Jaén durante los registros de sus respectivas empresas se han unido hoy dos personas arrestada en Agost (Alicante) como responsables de la compañía Carpetas Abadías, dedicada a la fabricación de bolsos, maletas y carteras.
Entre los detenidos figura además María Charpín, ex secretaria ejecutiva de la UGT-A y en la actualidad miembro de la Comisión de Garantías del sindicato a nivel estatal, y Dolores Sánchez, exresponsable de compras del sindicato en Andalucía.
Las fuentes han precisado que los cinco detenidos en Madrid, relacionados con la empresa Siosa, dedicada a aplicaciones móviles, también van a ser trasladados a Sevilla para su declaración judicial.
El juez de instrucción 9, Juan Jesús García Vélez, mantiene bajo secreto sumarial este caso que, según la Guardia Civil, consistía en un fraude en las subvenciones recibidas por la UGT-A que se hizo "de manera sistemática año tras año" hasta perfeccionarse y convertirse en "la vía más importante para la financiación de este sindicato".
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