Leganés, 4 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Leganés ha emitido hoy un comunicado oficial, a raíz de la sentencia del TSJM conocida ayer, en el que asegura que "el alcalde, Jesús Gómez, no vulneró ningún derecho fundamental en el pleno" y argumenta que se trata de una resolución sin consecuencias en el ámbito civil o penal.
Desde el Consistorio subrayan que es una resolución de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "por lo que la estimación de dicho recurso de apelación no tiene, ni puede tener, consecuencias en el ámbito civil o penal".
El comunicado destaca que "el fallo no hace mención a condena alguna, ni tampoco atribuye responsabilidad a ninguna persona concreta, por lo que difícilmente pueda atribuirse al alcalde o a cualquier otra persona conculcación o violación de derechos fundamentales".
"El alcance de la sentencia, a lo más, sería el de anular un acto administrativo concreto. Aunque la sentencia ni siquiera contempla esa actuación concreta", añade.
Según el Ayuntamiento, la sentencia parte de un planteamiento erróneo, ya que "en ningún momento se examinan o valoran los argumentos que desde los servicios jurídicos del Consistorio se adujeron sobre la pertinencia de excluir del orden del día las dos mociones presentadas por Unión por Leganés-ULEG".
El comunicado recuerda que Gómez ya explicó que el motivo para la no inclusión de dichas proposiciones "es que atentaban gravemente contra la honorabilidad de funcionarios y miembros del equipo de Gobierno".
"Si se me volviera a presentar una situación similar, no dudaría en actuar del mismo modo. Desde la responsabilidad que tengo como alcalde no puedo permitir que se utilicen los instrumentos de control al Gobierno para lanzar acusaciones o insinuaciones contra la plantilla, sin presentar siquiera alguna prueba o indicio de lo que afirman", ha manifestado el propio alcalde.
Las dos proposiciones presentadas por ULEG solicitaban que el Ayuntamiento de Leganés constituyera una comisión de investigación "por las fundadas sospechas de irregularidades en el proceso de contratación y/o adjudicación del servicio de mantenimiento y reparación de vía pública e infraestructuras de servicios municipales" y "del servicio de mantenimiento, conservación y reposición de zonas verdes".
Ambas proposiciones fueron vetadas del orden del día por el alcalde, lo que para el TSJM "conculcó el derecho a la participación política" del partido independiente ULEG.
