El magistrado Elpidio José Silva se ha negado a declarar en el juicio por presunta prevaricación que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al sostener que carece de abogado, una situación que, ha dicho, no se produce "ni en Corea del Norte".
"A todo efecto legal no tengo abogado en este proceso, usted me esta coaccionando", ha espetado Silva al presidente del tribunal que le juzga, Arturo Beltrán, que ha ordenado proseguir con la vista rechazando la renuncia que ayer presentó el letrado Cándido Conde-Pumpido Varela en un intento de forzar un aplazamiento hasta después de las elecciones europeas, a las que concurrirá el juez.
Cuando éste ha sido preguntado por Beltrán si quería formular alguna pregunta a su cliente, el letrado ha respondido que por "mandato expreso" del Colegio de Abogados de Madrid no iba a hacer ninguna.
Silva ha insistido entonces en que no se daban las condiciones para declarar y ha amenazado a los magistrados con acudir a instancias superiores, refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las coacciones que, denuncia, han sufrido él y su defensor, contra el que han "lanzado acusaciones muy duras".
La sala había rechazado a primera hora de la mañana suspender la vista por la "injustificable" renuncia de Conde-Pumpido, a quien ha advertido de que su conducta podría ser constitutiva de un delito penal y dos faltas disciplinarias.
Sin embargo, el letrado ha mantenido que el Colegio de Abogados de Madrid le ha informado de que "en ningún caso incurriría" en ninguna de ellas y que le ampara "abundante" doctrina del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, ha advertido al tribunal, especialmente a Beltrán, de que quería recusarles porque está "contaminado", al mismo tiempo que les ha emplazado a facilitarles los instrumentos para ello, puesto que, ha insistido, carece de abogado.
El debate ha provocado la irrupción de tres espontáneos que han acudido como público al juicio, que han proferido gritos como "Vergüenza" y "Esto está amañado", ante lo cual Beltrán les ha tenido que expulsar explicándoles que "tienen derecho a creer lo que quieran" porque "el público es el juez del juez", pero no a dar gritos, voces ni a alterar el orden".
A su salida del TSJM, ha especificado que debe ver "de qué manera técnicamente" puede apartar a los magistrados que le juzgan, ya que el tribunal debería dejarle nombrar un nuevo letrado, aunque la realidad es que ha demostrado "una actitud de conculcación de derechos fundamentales".
"Las condiciones que se dan en este proceso ahora mismo carecen de precedentes en todos los sentidos", y se trata de "un hecho insólito en la historia judicial", ha manifestado el juez, que ha comparado su situación a la que se vive en países autoritarios.
"En cualquier país del mundo, no sé si en Corea del Norte habría una excepción a esto, lo ignoro, pero creo que también allí alguien que sea acusado tiene derecho a un abogado", ha concluido antes de reiterar que el TSJM "ha demostrado que quiere seguir adelante con esto a toda costa"
Un jucio en precampaña electoral
La vista oral se produce en un momento en el que Silva ha anunciado que será candidato del Movimiento Red para los comicios al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Denuncia que este juicio, al que califica de "patraña e ilegal", conculca su derecho a participar en las elecciones y le impide organizar su precampaña.
El calendario del juicio había señalado para el martes el interrogatorio de Silva y el miércoles la comparecencia de Miguel Blesa, de tres guardias civiles y dos empleados de la consultora KPMG. Los días siguientes han sido citados fiscales, funcionarios y jueces de Madrid, así como abogados de Manos Limpias.
El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.
Hasta 40 años de inhabilitación