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La nueva ley para evitar que se liquiden empresas deja fuera a las pymes

  • Hacienda y Seguridad Social, sus mayores acreedores, quedan fuera de la norma
Imagen: Thinkstock

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) van encontrar poco beneficio y apoyo en el nuevo Real Decreto-Ley de refinanciación, que modifica la Ley Concursal, puesto que el mayor volumen de deudas que las obliga a liquidar y cerrar sus puertas son las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad, que han quedado fuera de las posibilidades de negociación y por tanto deberán ejecutarse.

Así lo han confirmado diversas asesorías fiscales y gestorías administrativas especializadas en la prestación de servicios a las pymes, consultadas por elEconomista.

Las insolvencias reales en la economía española en 2013 se situaron en el entorno de las 80.000 empresas, que no pueden atender sus obligaciones con los trabajadores, por lo que se tendrá que subrogar el Fogasa en su posición.

Solicitud de aplazamientos

Las deudas con las Administraciones Públicas, en especial con Hacienda y Tesorería General de la Seguridad Social, se sitúan por encima de los 100.000 casos de solicitudes de aplazamientos y los fraccionamientos de las deudas con ellos y de los consecuentes procedimientos de garantías, en última instancia embargos y ejecuciones de bienes y derechos, según explica el informe del Registro de Economistas Forenses (Refor): Las refinanciaciones y el tratamiento de las insolvencias empresariales en la recuperación económica, presentado la pasada semana.

"Esto demuestra, de una forma palmaria, el enorme desfase que existe entre las insolvencias reales que se producen y las que en última instancia se declaran", se afirma en el informe.

Cuando las empresas dejan de pagar a las Administraciones Públicas, se activan los mecanismos de seguridad y un régimen de sanciones muy elevado, y orden de prelación coloca el pago de estas deudas con privilegio especial, lo que hace que la situación financiera de la empresa se vuelva insostenible.

Y ello, a pesar de que durante la fase de negociación con los acreedores particulares podrán blindarse ante las ejecuciones, las deudas con Hacienda no podrán ser minoradas ni aplazadas en el seno de los acuerdos de refinanciación.

El Registro de Economistas Forenses (Refor) incluyó la pasada semana entre sus propuestas en el informe", la necesidad de modificar la actual condición de privilegio que tienen, a la hora de cobrar deudas, Hacienda y la Seguridad Social.

El presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pich se mostró convencido de que "la realidad es que una empresa con problemas, que no paga a Hacienda, acaba con una deuda inmensa. Las sanciones por retrasarse se acumulan una tras otra hasta hacer que sea imposible reflotar la compañía".

Pich explica que es necesario ampliar los plazos para pagar la deuda, fraccionarla, e incluso aceptar rebajas en las sanciones y recargos, puesto que "con la actual Ley, las empresas están abocadas al cierre, y lo que acaban recaudando Hacienda y la Seguridad Social es una cantidad mínima".

Para Leopoldo Pons, presidente del Refor y administrador concursal, "tanto Hacienda como la Seguridad Social deberían tener margen para negociar una vez declarado el concurso de acreedores". Según el Refor, hasta 65.000 empresas, 15.000 de ellas de calidad y el resto microempresas, sufren "riesgo de muerte" por falta de refinanciación.

La deuda en manos de las empresas es equivalente a cerca del 130 por ciento del PIB, lo que supone alrededor de 1,3 billones de euros. Los cálculos del Ministerio de Economía hablan de que se podría facilitar la refinanciación de hasta el 10 por ciento de esta cantidad, lo que arroja una suma cercana a los 130.000 millones de euros.

España ocupa las últimas posiciones en el grado de utilización del proceso concursal dentro del conjunto de países de Europa Occidental. Considera el Refor que eso es lo que explica que buena parte de las muertes de empresas se realicen sin pasar siquiera por un procedimiento de insolvencia, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

Comparado con el total de empresas, en España apenas se registraron de 2010 a 2012 una media de 19 procesos por cada 10.000 compañías, ocupando la penúltima posición, únicamente por encima de Grecia. Es una característica común a otros países meridionales muy afectados por la crisis, como son Grecia, Italia y, en menor medida, Portugal. Otra forma de medir el peso de los concursos, explica el Refor, es ponerlos en relación al total de disoluciones de empresas. Mientras en Bélgica, la mitad de las liquidaciones se hacen mediante concurso, en España solo el 1,7 por ciento del total.

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