Los especialistas españoles en arbitraje societario han mostrado su preocupación ante las incertidumbres que generan las amenazas de exclusión de este procedimiento de las sociedades cotizadas y el posible veto de ciertos acuerdos sociales para ser abordados por árbitros.
Estas amenazas se incluyen no sólo en el articulado de la propuesta de Código Mercantil, presentada por la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, sino también por la Comisión de Expertos que ha elaborado el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Capitales a instancias de Economía. Así, se puso de relieve de la Jornada sobre Arbitraje Societario, celebrada en Madrid y organizada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (Cima), el Colegio de Registradores de España y el Club Español del Arbitraje, presididas por sus respectivos presidentes
El abogado del Estado, Enrique Medina, explicó que el artículo 213.20 de la Propuesta de Código Mercantil regula el arbitraje estatutario, que podrá ser ejercido en las controversias que surjan en la interpretación y en la aplicación de las normas contenidas en los estatutos sociales, las impugnaciones de los acuerdos por socios o administradores o el ejercicio de la acción social de responsabilidad por la sociedad o por los socios contra los administradores. La norma, sin embargo, excluye de esta posibilidad a las sociedades cotizadas, lo que "hiere de muerte al arbitraje estatutario", explicó el letrado.
En las sociedades personalistas, la introducción en los estatutos de una cláusula de sumisión al arbitraje requerirá el consentimiento de todos los socios, mientras que en las sociedades de capital, necesitarán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales o a las acciones en que se divida el capital.
La limitación de los acuerdos sociales que podrán abordarse se incluye en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Sociedades de capital y para Juan Sánchez Calero, catedrático de Derecho Mercantil, "supone un recorte radical a la seguridad jurídica de quienes decidan acogerse al arbitraje". Este argumento de falta de seguridad jurídica es el que alegaron para explicar por qué no incluyen la cláusula de sumisión arbitral en los estatutos de sus sociedades o en las de sus clientes, Juan Manuel Ruigómez (jefe de la Asesoría Jurídica de Xfera), Cristian Gómez (director de la Asesoría Jurídica de Isolux Corsan) y Antonio Hernández-Mora (socio de Cuatrecasas).
Este último, afirmó, que "ante la inseguridad que plantea la legislación futura, no nos atrevemos a aconsejar a las empresas la aceptación de las cláusulas en los Estatutos". La confidencialidad de los laudos es uno de los asuntos que dividen al colectivo, aunque en la jornada de ayer se pudo comprobar que la postura mayoritaria pasa por una mayor transparencia.
Tutela efectiva
La falta de conocimiento y de familiarización sobre el arbitraje es otra de las causas que han dificultado el acceso de las empresas al arbitraje estatutario, existe en relación con este sistema. "Poca gente conoce realmente cómo se desarrolla el proceso y no está familiarizado con él, al contrario de lo que ocurre con las causas que se presentan ante un juez", insistió Ruigómez en su intervención.
Por su parte, el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, apostó por el arbitraje, al considerar que "cumple con todas las exigencias de la tutela efectiva y, por tanto, es una institución altamente fiable, con la ventaja añadida de que soluciona las controversias en un plazo relativamente breve, entre seis y nueve meses, que tiene una relación de coste-beneficio muy rentable y que se nutre de cualificados expertos".
Explicó que Wall Street Journal ha realizado una encuesta dirigida a los ciudadanos y operadores mercantiles, concluyendo que un 82 por ciento de los encuestados manifestaron su preferencia para resolver sus controversias a través del arbitraje.
Citó, además, otra encuesta de la American Bar Association, dirigida estrictamente a los abogados estadounidenses, arrojó como resultado que el 78 por ciento de estos profesionales preferían optar por el arbitraje para dirimir los conflictos que afectan a sus clientes.
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