Si la recientemente en vigor Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno perfiló al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, como el gran controlador de los altos cargos públicos, al dejar en sus manos la potestad de ordenar procedimientos sancionadores contra aquellos que incumplan los principios éticos que recoge la norma, ahora, el Gobierno refuerza a otro de sus ministros.
Y es que, el titular de Economía, Luís De Guindos, va a ser el responsable de controlar de manera centralizada, a través del Tesoro, todas las cuentas bancarias que son titularidad de las distintas unidades de la Administración pública y que hoy, ascienden a más de 4.000. Justifica el Gobierno que, con esta medida, "se va a llevar a cabo un mejor control de los fondos, evitar sus dispersión y obtener condiciones económicas homogéneas y más ventajosas".
Así se recoge en el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público Estatal que acaba de aprobar el Consejo de Ministros -y se ha remitido a las Cortes- y que adopta las medidas legislativas tendentes a implantar las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (Cora), aprobado el pasado mes de junio.
Pero además, el proyecto regula la supresión, extinción o integración de organismos públicos, así como la disolución de consorcios que hayan quedado obsoletos y que, hasta ahora, no podían liquidarse. Y es que, con este nuevo capítulo en la reforma de las Administraciones públicas promovida por el Gobierno, se pretende lograr un ahorro estimado en la gestión de la Administración de más de 33,5 millones de euros.
Supresión o fusión de organismos
El proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público eliminará nada menos que un total de 1.857 empresas según anunció la vicepresidenta del Gobierno. En concreto, esta reforma del sector público implica el cierre de 90 entidades empresariales del Estado, 751 de las comunidades autónomas y 1.016 locales.
Así, para empezar, el Proyecto de Ley, aborda la supresión de determinados entes que no pueden eliminarse por vía de Real Decreto. Tal es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Consumo, que se fusiona con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Pero además, se acuerda la extinción de determinadas fundaciones -Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas Universidad.es; Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación; Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales; y la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación- para integrarse en entidades que desarrollan funciones análogas.
Asimismo, se integran las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, que se suprime, dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Y en el ámbito del Sistema Nacional de Salud se integran funcionalmente varios observatorios del ámbito sanitario en un único órgano de consulta y asesoramiento, y se suprime la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud.
Evitar duplicidades
Asimismo, cuando el proyecto salga adelante, será sólo el observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal el que "analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado". Así, el Gobierno pretende "evitar la ineficiencia que plantea la superposición de los distintos observatorios de las Administraciones públicas en el ámbito del empleo, con el objetivo de mejorar su utilidad".
Y es que, tal y como explicó la Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, con estas medidas "se busca evitar duplicidades con otras Administraciones públicas".
Registros de Vehículos
Pero además, y también en el ámbito de la gestión de medios de la Administración General del Estado, se crea un registro de vehículos que no estén integrados en el Parque Móvil, "con el objeto de reforzar el control de los mismos y aplicarles medidas de gestión similares a las operadas en aquel organismo, que han comportado importantes ahorros", según ha explicado el Gobierno.
Por otra parte, se habilitan cambios normativos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas "para permitir que dicho Tribunal, en las comunidades autónomas que no tuvieran establecido órgano de control externo propio, pueda establecer secciones territoriales para el cumplimiento de sus funciones".
Licencia deportiva única
El proyecto también adopta medidas en materia de simplificación de procedimientos para ciudadanos y empresas. Así, con este afán de desburocratizar las actuaciones con la Administración, impulsando la comunicación electrónica, el Proyecto de Ley implanta, en el ámbito deportivo, una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial.
En relación a la firma electrónica el proyecto modifica la Ley del 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, "para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones públicas".
Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración es que todas las notificaciones deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, de modo que "se permitirá a los ciudadanos encontrar en un solo sitio web las notificaciones que les afecten de cualquier Administración pública".
Un ahorro de 30.000 euros en 2012
La vicepresidenta del Gobierno, ha sostenido que el ahorro del gasto del conjunto de las Administraciones públicas en 2012 alcanzó los 30.000 millones de euros, tanto por el recorte de las partidas destinadas a personal como por otras medidas adoptadas de racionalización del sector público.
Además, señaló que este ahorro "ha permitido que el Estado pueda destinar 10.000 millones de euros más tanto al pago de los intereses de la deuda pública como a la partida de la prestación por desempleo".