La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha mostrado hoy su rotundo rechazo a la proposición de ley para la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el grupo popular, con el apoyo del Gobierno, ha presentado en el Parlamento, y que implicaría que la jurisdicción española sólo será competente en los casos de genocidio, delitos de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, "siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".
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Para la asociación judicial, la reforma "supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global".
JpD ve especialmente preocupante que "la proposición de ley restringe los aspectos subjetivos de actuación de la jurisdicción universal hasta un nivel máximo". En su opinión, "esta reforma no pretende una mejor regulación de la jurisdicción universal, pues lo que busca es enterrarla definitivamente".
Además, denuncia que la iniciativa "utiliza mecanismos procesales impropios de este tipo de infracciones penales, como la necesidad de que en los delitos de mayor gravedad las actuaciones solo puedan iniciarse a partir de querella de persona agraviada o del Ministerio Fiscal, al introducir un apartado 6 en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Y recuerda que la Fiscalía "tiene un funcionamiento jerarquizado en cuyo vértice se encuentra el Fiscal General del Estado, que es nombrado a propuesta del Gobierno". Por lo que, a su juicio, "resulta manifiestamente rechazable la atribución de este protagonismo desproporcionado a la Fiscalía, con la finalidad de dejar en sus manos el inicio de los procedimientos".
Principio de jurisdicción universal
Explica que si bien en la Exposición de Motivos de la proposición de ley se alega como finalidad de la reforma el respeto a la soberanía de otros Estados y la ratificación por parte de nuestro país del Estatuto de la Corte Penal Internacional, "debemos recordar que el principio de jurisdicción universal no supone ninguna invasión de la soberanía ajena, pues únicamente se activa en los supuestos en los que el otro país no actúa ante los más graves crímenes de derecho internacional".
Y añade que el principio de jurisdicción universal "supone un criterio de extensión del Estado, en nombre de la comunidad internacional, para perseguir los más graves crímenes cuyo sujeto pasivo es la humanidad, con independencia del lugar de comisión, de los intereses de cada Estado y de la nacionalidad de las personas implicadas". Se trata, asegura, "de una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y de un gran avance en la defensa de los derechos humanos".
Muchos "casos sin resolver"
Por último, la asociación lamenta que la disposición transitoria de la proposición de ley indica que "las causas que en el momento de la entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella".
Una previsión que implicará, advierte JpD "el archivo de la mayoría de procedimientos judiciales que se siguen en nuestro país en aplicación del principio de jurisdicción universal". De este modo, "supondrá el sobreseimiento de la causa por la querella sobre genocidio en el Tíbet, que parece que ha sido el detonante de esta proposición de ley, ante las notorias presiones de China o el archivo de la causa en la que se investiga la muerte de José Couso, de los procedimientos por genocidio en Guatemala, Ruanda o Sahara y del asesinato de Ignacio Ellacurría y varias personas en El Salvador, entre otras".
