Los tribunales españoles sólo podrá conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que los responsables sean españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española tras la comisión del hecho, según se regula en una proposición de Ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados.
Además, para que se ponga en marcha la jurisdicción universal de la Justicia española, será preciso que el hecho sea punible en el lugar de su comisión, que el agraviado o la Fiscalía interpongan querella, lo que excluye a la acusación popular, y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado por esos mismos hechos.
Los jueces y tribunales españoles continuarán ejerciendo su jurisdicción si el Estado implicado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. Las causas que se encuentren en tramitación en España al entrar en vigor esta reforma quedarán sobreseídas hasta que se acredite que cumplen las nuevas exigencias.
