Las empresas multinacionales deberán suministrar a todos los Gobiernos pertinentes la información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos, sobre la actividad económica y sobre los impuestos pagados entre los diversos países para evitar que continúen aprovechando la planificación fiscal para no tributar o hacerlo mínimamente en ninguno de ellos.
Muchos gobiernos tienen que hacer frente a menores ingresos y a mayores costes de cumplimiento. Además, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) socava la integridad del sistema tributario, ya que la opinión pública considera que los bajos impuestos declarados por las grandes empresas son injustos.
Cuando las normas dejan que las empresas reduzcan su carga fiscal trasladando sus ingresos fuera de las jurisdicciones en las que se realizan las actividades que generan esos ingresos, otros contribuyentes de esa jurisdicción tienen que soportar una carga mayor. Y, además, las empresas se ven perjudicadas por el desequilibrio que se produce en la competencia y las multinacionales en su reputación.
Cambio de directrices
Para lograr este objetivo, previsto a partir de septiembre de 2014, la OCDE tiene previsto modificar sus directrices sobre precios de transferencia y las recomendaciones para el diseño de normas nacionales, según se ha puesto de relieve en la Ist Spanish International Tax Summit, organizada por la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF) - IFA Spanish, celebrada esta pasada semana en Madrid.
La OCDE se propone también desarrollar un instrumento multilateral que implemente las nuevas directrices y recomendaciones para evitar BEPS y el cambio de los convenios bilaterales, que deberá estar concluido en septiembre de 2015.
Los trabajos para elaborar el Plan de acción de BEPS se han iniciado mediante la elaboración de un informe básico que se propone identificar las cuestiones que plantea la economía digital y las acciones posibles para hacerles frente.
También, se prevé ejecutar el desarrollo de disposiciones para el diseño de normas nacionales para evitar efectos como la doble exención, la doble deducción o el diferimiento a largo plazo, producidos por los mecanismos y entidades híbridas.
Acciones
Entre las acciones que probablemente se cumplimentarán en 12 a 18 meses, se hallan las relativas a desajustes por mecanismos híbridos, abuso de convenio, ciertos aspectos de precios de transferencia de bienes intangibles, requisitos de documentación sobre precios de transferencia, un informe que identifique las cuestiones planteadas por la economía digital y las posibles acciones para hacer frente a ellas, así como parte de los trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas.
En dos años, la OCDE prevé que se crear las acciones relacionadas con las normas sobre compañías foráneas controladas (CFC), la deducibilidad de intereses, prevención de la elusión artificiosa de la condición de establecimiento permanente (EP), aspectos de los precios de transferencia de bienes intangibles, riesgos, transacciones de capital y alto riesgo, parte de los trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas, reglas de divulgación obligatoria y resolución de controversias.
Y, finalmente, las acciones que pueden requerir más de dos años incluyen aspectos de los precios de transferencia de transacciones financieras, parte de los trabajos sobre prácticas fiscales perniciosas y el desarrollo de instrumentos multilaterales para implementar más ágilmente los cambios en los convenios bilaterales.
Aunque todas estas acciones se consideran como elementos clave del Plan de acción, se reconoce que este trabajo tendrá que ser desarrollado en diferentes etapas, empezando por un análisis exhaustivo de las cuestiones.
La UE acorrala a las multinacionales
