Barcelona, 26 sep (EFE).- El Palau de la Música, que ejerce la acusación particular en la causa por el saqueo de la institución, pide 81 años de prisión para su expresidente Fèlix Millet por el expolio, sin exigir a CDC responsabilidad civil alguna por los 5,1 millones que el juez cree que se embolsó Convergència de la entidad.
La presidenta del Orfeó Català y el Palau de la Música, Mariona Carulla, ha presentado hoy en rueda de prensa su escrito de acusación que, además de Millet y su mano derecha Jordi Montull, se dirige contra otras catorce personas, entre ellas las esposas de los máximos dirigentes del Palau, que han sido exculpadas por el juez.
Entre esas personas no figura ninguno de los cargos de CDC -el extesorero Daniel Osàcar y el exdiputado Jaume Camps- ni de Ferrovial, imputados por los 5,1 millones de euros de comisiones ilegales que el juez cree que recibió Convergència de la constructora, a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol.
Carulla ha resaltado hoy que el escrito ha sido aprobado por los órganos de la institución: ayer lo hizo la Junta del Orfeó Català -por doce votos a favor, uno en contra y cinco en blanco- y hoy lo ha hecho -por doce a favor y cuatro en blanco- el Patronato de la Fundación, del que forman parte las administraciones, sin apenas debate.
El portavoz del Palau de la Música, Carles Cuatrecasas, ha insistido en que la entidad se reserva "de forma expresa" el ejercicio de acciones legales para reclamar "a cualquier entidad física o jurídica" el dinero que la sentencia crea probado que fue desviado de la institución, aunque eso sería en un proceso civil posterior.
Los responsables del Palau, acompañados en la rueda de prensa por el abogado de la firma PriceWaterhouseCoopers que los representa, Javier Zuloaga, han destacado que en su escrito se han ceñido a "estrictos criterios jurídicos" y han argumentado que de la instrucción del caso no se desprende "suficiente prueba" para inculpar a CDC.
Para Cuatrecasas, la posición del Palau en el caso es "ejemplar", desde el punto de vista ético, en "estos momentos con tantos juicios paralelos". Y ha insistido repetidamente: "Esto no inculpa ni exculpa a nadie".
El abogado de PriceWaterhouseCoopers -bufete del que es socio Joaquim Triadú, exconseller de Presidencia con los gobiernos de Pujol- ha argumentado asimismo que el Palau ha actuado solo en defensa de sus intereses patrimoniales y que, de probarse que CDC recibió comisiones ilícitas a través de la entidad, esa conducta se enmarcaría en delitos contra la administración pública, a los que la entidad cultural es ajena.
El escrito de acusación del Palau acusa a Millet y Montull y a la hija de este, Gemma, -exdirectora financiera de la entidad- de cinco delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental y uno de estafa, que suman penas de 81 años de cárcel, y reclama 30,5 millones de euros en total por el desfalco.
El escrito reclama indemnizaciones a los principales acusados y a sus esposas, al abogado y exsecretario del Palau Raimon Bergós y a dos letrados de su equipo, así como a Elisabet Barberà, secretaria de Millet, por los 23 millones euros retirados en efectivo de las arcas de la entidad, las obras que hicieron en sus casas a costa de la institución -2,1 millones- el pago de viajes de ocio -838.230-, facturación falsa -2 millones- y operaciones inmobiliarias, 2 millones.
El Palau también quiere resarcirse por los 1,8 millones de euros facturados a empresas proveedoras de CDC por servicios inexistentes, uno de los mecanismos que según el juez sirvieron para enmascarar el pago de comisiones a la formación, aunque se limita a reclamar por ello a los responsables de las empresas que emitieron las facturas falsas y a la exdirectora general de la entidad Rosa Garicano, por considerar que no hay prueba del destino de esas cantidades.
El juez cree que el pago de comisiones se articuló también mediante convenios de colaboración entre el Orfeó Català y la Fundación Trias Fargas (actual Catdem) afín a CDC, pero Cuatrecasas ha argumentado que la formación ya está devolviendo esos 630.655 euros al tiempo que ha censurado la "falta de transparencia" de los acuerdos.
El escrito pide, además, quince años de prisión para las esposas de Millet y Montull y exige 514.448 euros a las hijas del expresidente del Palau como responsables civiles a título lucrativo, mientras solicita una condena de doce años para Elisabet Barberà, nueve para Garicano, otros nueve para los responsables de la facturación falsa y dos para Raimon Bergós.
