La Fiscalía respalda la legalidad de la imputación de Magdalena Álvarez en los ERE

Sevilla, 19 sep (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de la exministra Magdalena Álvarez contra su imputación en el caso de los ERE, en un escrito en el que defiende la legalidad del auto dictado por la juez instructora, Mercedes Alaya.

Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que se ha opuesto al recurso de Álvarez con los mismos argumentos que utilizó para oponerse al que presentó la Junta contra la imputación de 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz en julio pasado.

La Fiscalía considera que son suficientes los motivos expuestos por la juez Alaya en su imputación y que el auto "cumple su función".

La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía está imputada de delitos de prevaricación y malversación, y su abogado, Horacio Oliva, recurrió directamente ante la Audiencia Provincial alegando que los delitos estaban prescritos.

La imputación de Álvarez "resulta manifiestamente infundada" y "no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin caer en la arbitrariedad", según el recurso.

Además, Oliva argumentó la ausencia de caracteres delictivos en la utilización de las transferencias de financiación -el mecanismo utilizado para los pagos investigados- y puso en duda "la competencia de la Consejería de Hacienda sobre el procedimiento y toma de decisión acerca de la financiación y concesión de ayudas sociolaborales".

El recurso de Oliva argumentó que no existía "la mínima base indiciaria acerca de la intención de esquivar el control por la Intervención General" y sobre el conocimiento por parte de la exministra de la "indebida utilización de las transferencias de financiación".

En julio pasado, la Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de la Junta contra la imputación de Álvarez y otros 19 ex altos cargos y rechazó que la juez Mercedes Alaya haya "criminalizado" las llamadas transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias y las sucesivas leyes de presupuestos de la Junta.

Simplemente la magistrada "parte del uso perverso" de tales figuras y su "uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta" con el objetivo de "poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros", según Anticorrupción.