Justicia federal y Gobierno de Puerto Rico acuerdan la reforma de la Policía local

San Juan, 17 jul (EFE).- El secretario de Justicia de EE.UU, Eric Holder, firmó hoy un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para la reforma de la Policía local, después de la demanda presentada por Washington contra el Ejecutivo por violar los derechos civiles de sus ciudadanos.

Holder escenificó el acuerdo con su presencia en San Juan junto al gobernador Alejandro García Padilla, en lo que supone el inicio de un proceso para el cambio en la forma de proceder de las fuerzas de seguridad de Puerto Rico.

El acuerdo, que también fue firmado por el secretario de Justicia local, Luis Sánchez Betances, es una respuesta a la demanda contra el Gobierno de Puerto Rico y su Departamento de Policía por supuestas violaciones de derechos civiles durante operativos ocurridos durante los últimos años.

"Este acuerdo se presenta para garantizar que la ciudadanía estará libre de ser víctima de fuerza excesiva, registros e incautaciones ilegales o discriminación sistemática por parte de la Policía", dijo García Padilla durante el acto.

Por su parte, Sánchez Betances explicó que para implementar el acuerdo en todas sus fases se dispone de un proceso flexible para asistir a la Policía de Puerto Rico en el cumplimiento de los desafíos que se le plantean y para asegurar la viabilidad de la reforma.

Las condiciones del acuerdo, según el gobernador, están diseñadas para promover y asegurar un mejor reclutamiento, contratación y profesionalización de la Policía.

Además, con el acuerdo se garantizan controles internos de responsabilidad y en los procedimientos de registros, arrestos e incautaciones.

El acuerdo asegurará la protección de la igualdad de los ciudadanos y la conducta responsable por parte de la fuerzas de seguridad.

Para la puesta en marcha del acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Policía local seleccionarán a un asesor de cumplimiento técnico (TCA, por sus siglas en inglés), que tendrá a su cargo la tarea de asegurar la ejecución del mismo.

El acuerdo llega después de que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal demandara a la Policía de Puerto Rico por un supuesto patrón continuado de violación de derechos civiles a manos de algunos de sus agentes.

La demanda de la Justicia federal expone que la Policía de Puerto Rico ha incurrido en uso de fuerza desproporcionada con el fin de suprimir el derecho de libertad de expresión en manifestaciones, además de llevar a cabo registros ilegales y arrestos al margen de la ley.

Además, se apunta en la demanda un alto nivel de corrupción entre las fuerzas de seguridad, falta de adiestramiento adecuado y discriminación contra minorías étnicas, en especial la extensa colonia dominicana que vive en Puerto Rico.

La Justicia federal demandó a la Policía de Puerto Rico en diciembre de 2012, después de darse a conocer en septiembre de 2011 un informe sobre el asunto.

El informe relataba que entre 2005 y 2010 casi 2 mil agentes de la Policía local fueron acusados de delitos, entre los que se incluyen agresiones físicas y de carácter sexual, robos y tráfico de drogas.

Según medios locales, el acuerdo necesitará de una inversión cercana a los 600 millones de dólares, en un momento de grandes dificultades para las cuentas públicas de Puerto Rico.

Las mejoras incluyen nuevos equipos y más medios tecnológicos, además de la apuntada formación para los agentes.

Tras la firma del acuerdo hoy, el documento será presentado ante el juez Gustavo Gelpí en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico para su aprobación final, lo que permitirá su implementación.

El director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, reaccionó a la firma del acuerdo para señalar a través de un comunicado que da respuesta a una demanda por violentar por parte de la Policía local los derechos civiles y humanos básicos de los ciudadanos de Puerto Rico.