"De los numerosos borradores de anteproyectos de la Ley de Justicia Gratuita que ha barajado el Gobierno, a la Abogacía nos han llegado sólo dos y durante tres días".
Así lo denunció ayer el colectivo, durante la presentación del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, que recogerá de forma más detallada la revista jurídica Iuris&Lex este viernes, elaborado por el Consejo General del la Abogacía y la editorial La Ley, que contiene un total de 17 recomendaciones a la norma -que se elevarán al Ministerio de Justicia y a las Consejerías autonómicas-, de las que 12 son negativas, por lo que reivindican una mayor participación de la Abogacía en la elaboración de la futura Ley.
Así, el Comité de Expertos encargado de elaborar las recomendaciones sobre el Anteproyecto aprobado el pasado 11 de enero, arremete contra los nuevos umbrales a partir de los cuales el solicitante puede acceder al derecho de justicia gratuita, o la previsión de que determinados, colectivos como víctimas de violencia de género, terrorismo o accidentados con secuelas permanentes, tengan este derecho sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos para litigar.
También censura un tratamiento del derecho de asistencia jurídica gratuita de trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social en el orden social que considera "inapropiado" al tiempo que valora negativamente que el Anteproyecto "no incluya dentro del contenido del derecho el servicio de orientación jurídica penitenciaria" propuesto ya en otras ediciones del Observatorio.
El mecanismo de ratificación para el mantenimiento del derecho en fase de ejecución o en vía de recurso, junto con las nuevas atribuciones y cargas administrativas que el Anteproyecto atribuye a los Colegios, son otros de los puntos negativos que encuentra el Comité. Pero, además, denuncia el informe que el Anteproyecto "no pone los medios suficientes para asegurar que el abogado cobre en todo caso por la actuación profesional desempeñada".
No obstante, valora de forma positiva, entre otras cuestiones, la creación de la Comisión de seguimiento del sistema de justicia gratuita, o la presunción de que abusa de este derecho quien solicita el beneficio más de tres veces en el mismo año.
25 millones de euros menos
Asimismo, el informe denuncia que la inversión total de las Administraciones Públicas en la gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita y la indemnización de los gastos de infraestructura soportados por los Colegios de Abogados durante 2012, ha sido de 232 millones de euros, lo que supone "casi un 9 por ciento menos que en 2011".
De este modo, explica que la inversión se ha reducido en casi 25 millones de euros en los últimos tres años, si se tiene en cuenta que en 2010 el presupuesto alcanzó los 256,6 millones de euros.
