La Unión Europea produjo 39.832 normas jurídicas entre enero de 2000 y marzo de 2013, lo que supuso una hiperregulación en la Unión Europea (UE), que tuvo como efecto lastrar el desarrollo económico "al obligar a las empresas a cumplir numerosas exigencias administrativas que les suponen costes económicos, cargas, gravámenes y tasas que entorpecen las posibilidades de nuevas inversiones".
Así, se explica en el informe sobre Hiperregulación en la UE, elaborado por el Foro Europa Ciudadana, que desglosa estas normas en 27.568 reglamentos, 2.098 directivas y 10.654 decisiones. A estos textos jurídicos definitivos habría que sumar las actuaciones modificativas realizadas en los procedimientos de tramitación legislativa, lo que podría elevar los actos jurídicos por encima de los 200.000.
En el caso de las iniciativas de la Comisión Europea, entre un 20 y un 25 por ciento de las propuestas llegan por resoluciones aprobadas por el Consejo o por el Parlamento Europeo. Alrededor de un 30 por ciento llegan como obligaciones internacionales. Entre un 10 y un 15 por ciento se derivan expresamente de los Tratados o del Derecho secundario y aproximadamente un 20 por ciento es consecuencia de la adaptación y puesta al día de la legislación europea ya promulgada.
Rémoras administrativas
"La hiperregulación no es intrascendente respecto de las condiciones de desarrollo en muchos sectores económicos, que ven cómo sus potenciales y sus capacidades se ven mermadas por un innumerable elenco de cargas administrativas que, si se suman a las ya existentes en cada Estado miembro, provocan que la situación de desaliento y desamparo en ocasiones sea muy palpable", aduce el texto.
Así, fenómenos como la deslocalización de actividades productivas, la pérdida de profesionales en los sectores más avanzados que optan por irse a otros lugares más propicios para la creatividad y el emprendimiento, suponen un empobrecimiento de la UE que sólo puede desembocar en la pérdida al medio y corto plazo de una posición preponderante en el panorama internacional.
En sus conclusiones, el informe del Foro Europa Ciudadana estima que la simplificación del marco regulatorio es condición de legitimidad y de eficacia de la actividad comunitaria: cada iniciativa debe recoger una tabla derogatoria expresa, exponiendo con claridad qué queda vigente y qué queda derogado, y que permita de manera sencilla comprobar a qué debe atenerse un particular o un operador económico en cada momento.
La simplificación y la regulación inteligente es condición de certeza y de seguridad jurídica, de confianza legítima del ciudadano y, como tal, debería englobar el catálogo del derecho a la buena administración que se recoge en la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea.
Y finalmente, señala que la simplificación regulatoria no es compartimentable, es un proceso de conjunto, que afecta desde la propuesta hasta su derogación.
