Barcelona, 14 jun (EFE).- El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha concluido, tras investigar el expolio del Palau de la Música, que "el total de comisiones ilícitas satisfechas por Ferrovial y que se hicieron llegar a la órbita de CDC" asciende a 6.607.605,58 euros.
El fiscal ha presentado hoy en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona un escrito, de 36 folios, en el que resume y da por concluida la investigación, y en el que solicita la transformación en procedimiento abreviado para la preparación del juicio oral contra Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull, Rosa Garicano, el extesorero de CDC Daniel Osácar y otra docena de personas
En su escrito, el fiscal considera acreditado que, a través del Palau de la Música, con contactos "a alto nivel", quedó "articulado un pacto criminal estable que con inicio, al menos en 1999, se prolongó, renovándose con las oportunas negociaciones hasta 2008-2009", e indica que CDC y la Fundación CAT-DEM deben "tener la consideración procesal de partícipe a título lucrativo".
Sánchez Ulled desgrana en su escrito la participación del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, del ex director administrativo Jordi Montull, de la ex directora financiera Gemma Montull y de la ex directora general Rosa Garicano, en la trama para hacer "ilícitamente desaparecer" entre 2002 y 2009 para su "lucro particular directo o a otras finalidades desconocidas" más de 18 millones de euros.
El fiscal destaca que, "con independencia a los cargos formales ostentados", era Fèlix Millet quien "conducía en la práctica todas las entidades (Asociación Orfeó Català, Consorcio del Palau de la Música y Fundación Orfeó-Palau) como si fueran una sola".
Además de la apropiación de los fondos del Palau para beneficio personal de los acusados, el fiscal relata la supuesta financiación ilegal de CDC a través de "comisiones ilícitas pactadas" con la constructora Ferrovial "por o para la adjudicación de obra pública", de las que no eran conocedores los accionistas de la constructora.
Estas comisiones, según el fiscal, "se hacían llegar al entorno de esta formación política en forma disfrazada, sirviéndose para ello de la estructura jurídica-financiera del Palau de la Música" y a través de "tres concretos mecanismos".
Estos tres mecanismos eran, según Ulled: "entregas en efectivo al tesorero del partido CDC; facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello en beneficio de CDC; y convenios de colaboración, meramente aparentes, suscritos con la Fundación Trias Fargas, directamente vinculada al partido CDC".
Sánchez Ulled, que considera que los "altos responsables del partido" capaces de determinar las adjudicaciones "no han podido ser determinados", revela que el "esquema habitual" era que el dinero de Ferrovial llegaba a las cuentas de la asociación Orfeó Català y, una vez recibido, "una parte de la base imponible de la factura se transfería a la Fundación del Palau para sus fines legítimos, pero el resto se disponía mediante talones al portador que se hacían efectivos en ventanilla para ocultar su verdadero destino: ser entregados al responsable de tesorería de CDC".
El fiscal afirma que en una "dinámica delictiva" diferente el lucro particular de Millet y Montull, se pagaban "comisiones ilícitas a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura".
"Ferrovial-Agroman efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública por parte de los organismos competentes de la Generalitat u organismos públicos locales regidos por responsables de la formación política Convergencia Democrática de Cataluña", concluye el fiscal.
Ulled defiende en su escrito que las comisiones ilegales que pagaba la constructora "consistían, por regla general, en el 4 % del importe de las adjudicaciones, del cual el 2,5 % se asignaba a CDC y un 1,5 % a los intermediarios Millet y Montull, quienes a su vez se lo distribuían en un porcentaje del 80 % y 20 % respectivamente".
Ulled acusa, además de a Millet y Montull, al exdirector de Ferrovial en Cataluña Pedro Buenaventura, al ex director general de la División de Construcción de la compañía Juan Elizaga, y al exgerente de CDC Oscar Osácar, de los delitos de tráfico continuado de influencias, falsedad en documento mercantil, administración desleal continuada, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
El escrito también describe "el expolio patrimonial perpetrado por los imputados en su beneficio particular", con pagos de "obras suntuarias" en sus domicilios particulares, el pago con fondos del Palau de "servicios inexistentes con facturas falsas emitidas por sociedades instrumentales", el pago de gastos particulares, como la boda de las hijas de Millet o "viajes exóticos".
También les acusa de "desvíos ilícitos de fondos en efectivo públicos y privados a fines ajenos a la actividad del Palau".