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La reforma laboral no resiste el análisis de los jueces

La judicialización es fiel reflejo de los problemas que plantea la reforma laboral del Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, es una muestra palpable de que los objetivos de flexibilización y aumento de la productividad para crear empleo están siendo un fracaso anunciado. A ello se suma el hecho de que Bruselas reclama al Gobierno que ahonde en la normativa actual, lo que llevará a nuevos cambios legislativos que aclaren de una vez por todas el abanico de posibilidades que tienen los empresarios para ajustar sus necesidades de plantilla y que la empresa pueda sobrevivir en una situación de crisis económica que ya supera el lustro. Siga leyendo esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'

En España, cada vez más voces reclaman nuevas medidas en el ámbito laboral que den un nuevo impulso a la reforma aprobada hace más de un año por el Gobierno. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, más del 80 por ciento de los expediente de regulación de empleo (ERE) negociados han acabado sin acuerdo entre empresa y trabajadores. Es por ello, que la labor interpretativa de los jueces, los principios jurídicos generales y las normativas supervivientes han removido los principios básicos de la reforma.

La consecuencia inmediata ha sido que a las empresas que han visto rechazados sus expedientes les ha supuesto un coste inesperado, ya que han tenido que pagar a razón de 45 días por año, cuando pensaban que les iba a salir por 20 y, como consecuencia, se ha generado una desconfianza en la reforma que ha influido directamente en la contratación de trabajadores indefinidos.

Y no se puede olvidar que las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa hablan de cifras de paro impensables hasta ahora, además de la desaparición de miles de personas del colectivo de los que buscan empleo de forma activa.

Escepticismo judicial ante los principios de la reforma

Aunque ésta elimina la necesidad de la autorización administrativa para poder plantear un expediente de despido colectivo u otras medidas a través de un ERE, es el juez quien decide finalmente si el expediente se ajusta a derecho o bien determina que es nulo. Las cifras no dejan lugar a dudas, ya que cerca de las dos terceras partes de las sentencias emitidas en 2012 por los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional optaron por la nulidad del despido por cuestiones formales, falta de negociación o insuficiencia de la documentación.

Desde un primer momento, los jueces se han mostrado escépticos con el contenido de la reforma y ante la forma para formular el despido colectivo que buscaba la norma se han subrayado errores formales, apoyados en normasprecedentes que aún mantienen su vigencia para anularmuchos de los expedientes planteados. No se puede olvidar que la asociación profesional Jueces para la Democracia dejó patente su postura en su comunicado de 16 de febrero de 2012, según el cual ?la reforma laboral constituye uno de losmayores ataques al Derecho del Trabajo y a las instituciones laborales, a partirde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET) y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta?. Siga leyendo esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'

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