Jueces y fiscales se mostraron ayer de acuerdo en que era necesario hacer un cambio radical de los procedimientos penales, tras la aprobación de la reforma del Código Penal y una vez que se ha puesto en marcha la elaboración de la nueva Ley de Planta, que revolucionará la estructura judicial en España cuando entre en vigor.
Así se definieron los integrantes de una mesa de debate sobre el Anteproyecto de Ley del Código Procesal Penal, convocada por el Ministerio de Justicia y en la que participaron los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Antonio del Moral, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo.
Así, el magistrado Marchena, que ha actuado como presidente de la Comisión de Expertos que ha elaborado el actual texto de Anteproyecto del Código, descartó que "se vaya a producir el efecto de que quienes estén involucrados en un procedimiento judicial se vayan a ver afectados negativamente con el nuevo sistema".
Marchena explicó, ante los recelos que despierta que la investigación la realice el fiscal, que en el actual procedimiento, que se remonta a 1872, había una situación contradictoria, puesto que investigaba el juez, pero el fiscal es el más interesado en que haya el mayor acopio de información y pruebas para desarrollar su acusación con la máxima efectividad. Por ello, afirmó que "el actual sistema está lastrado y no es un capricho cambiarlo".
Ruptura de amarras
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, trató de despejar la duda que más desafecciones ha creado en la opinión de los juristas como es la dependencia funcional de la Fiscalía del Gobierno. Y afirmó que "si los fiscales asumen la fase de la investigación en los procesos, se romperán las amarras que le ataban al Gobierno".
En este sentido, el ministro de Justicia pidió que "nadie piense que porque un fiscal esté al frente de la investigación van a intervenir los problemas políticos".
La tendencia hacia que no sea el juez instructor quien decida sobre la causa, señaló Marchena, es hoy en día una tendencia generalizada en el mundo. Así, señaló la diferenciación que el Derecho francés ha llevado a cabo entre el juez que instruye y el que juzga; la del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, que también ha cedido la investigación al fiscal con un juez de garantías; y el anuncio del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, de que antes de verano presentará un modelo de Fiscalía Europea, que perseguirá los delitos económicos. Por su parte, Ruiz-Gallardón recordó que, además de las necesidades de modernización del nuevo Código procedimental, es preciso recordar que desde el año 1978, cuando se aprobó y entró en vigor la Constitución española, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado en 48 ocasiones.
El ministro explicó que el texto elaborado por la Comisión de Codificación es tan sólo una base, ya que antes de realizar su entrada en el Parlamento se va a debatir por la sociedad para que sea un texto asentado.
Finalmente, respondió a las críticas realizadas por las asociaciones de periodistas de que el nuevo texto coarta la libertad de información, al permitir que el juez decida cuándo no se puede informar. Según Gallardón se trata de evitar los "juicios paralelos", y por ello se ha recortado el plazo para mantener el secreto del sumario.
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