Aseguró que no se suprimirá ninguna de las sedes judiciales y garantizó la permanencia de la Audiencia Nacional
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que la reordenación territorial que se llevará a cabo con la futura Ley de Demarcación y Planta "no supondrá en ningún caso el cierre de ningún juzgado o infraestructura judicial".
Así lo desveló durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que avanzó algunas de las claves de la propuesta realizada por la comisión de expertos encargada de elaborar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica la Ley de Demarcación y Planta.
Gallardón aseguró que la nueva Ley "no supondrá el cierre de ni una sola de las sedes judiciales de España" y garantizó la permanencia de la Audiencia Nacional, frente a las peticiones de cierre de los partidos nacionalistas.
Explicó que la propuesta pasa por la creación de Tribunales de Instancia, cuya circunscripción será provincial, de forma que "se aprovecharán las estructuras ya existentes", en un modelo que "marca un nuevo proceso de concentración y especialización", teniendo en cuenta que "la creación de más de 2.500 plazas judiciales se ha demostrado ineficaz porque no ha conseguido reducir la pendencia".
Los tribunales de instancia estarán formados por los magistrados de los juzgados unipersonales actuales, en unidades judiciales, y algunos de la Audiencia Provincial, en concreto, los que se encargarían de juzgar en primera instancia, explicó ayer el Ministerio. Las apelaciones que hasta ahora correspondían a las Audiencias pasarán a los Tribunales Superiores de Justicia, y "constituirán la culminación de la organización judicial en la demarcación de las comunidades autónomas". Gallardón defendió que con estos tribunales "se mejorará la distribución de cargas de trabajo, el régimen de sustituciones de jueces y se unificarán criterios en las resoluciones más complejas".
Además, la propuesta de la comisión de expertos traslada este modelo a la Audiencia Nacional con la colegiación de la primera instancia, al sustituir los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Contencioso-Administrativo por la Sala de Instancia de lo Penal y la de lo Contencioso. Por su parte, según la propuesta, el Tribunal Supremo mantendría la estructura de sus cinco salas, "aunque se disminuirían los efectivos de la de lo Militar por su carga competencial".
La propuesta presentada por la comisión de expertos (nombrada por el Consejo de Ministros en marzo del año pasado) choca con el modelo presentado en mayo de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial, que, en un Pleno extraordinario, propuso reducir la cifra de partidos judiciales de los 431 actuales a menos de la mitad, entre 190 y 200, para solventar las "disfunciones provocadas por un diseño territorial que ya no responde a la realidad", en palabras de su portavoz, Gabriela Bravo. Ahora bien, matizó entonces Bravo que la reorganización "no implica una reducción de los órganos judiciales, ni de puestos de trabajo, sino una concentración de los ya existentes que permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos". Gallardón ya avanzó entonces que "este no era el criterio del Gobierno".
Relación de "transparencia"
Respecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se llamará Código Procesal Penal, se refirió el ministro a las dudas generadas en torno a la imparcialidad del Ministerio Fiscal para investigar delitos y faltas, principal punto de reproche de quienes no apoyan esta medida. Aseguró Gallardón que "no hay que confundir la relación "transparente" del Gobierno con el fiscal general con una "relación de dependencia".
Además, apoyó la postura de los expertos de no tipificar como delito la revelación de una causa declarada secreta, pero sí que el juez de garantías pueda dirigirse a un medio para que suspenda la publicación de más datos.
