Tan sólo el 15 por ciento de los ciudadanos europeos no consideraría trabajar en otro Estado miembro al entender que existen demasiados obstáculos legales, pero la realidad es que sólo el 3,1 por ciento de los ciudadanos en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) vive en un Estado miembro distinto del suyo, según informa Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista.
Como respuesta a esta situación, Bruselas busca acabar con las discriminación legal sobre la libertad de movimiento de los trabajadores que existe entre los Estados miembros. Para ello, ha presentado una propuesta de directiva que busca armonizar las diferencias que, en muchos países, sitúan al inmigrante comunitario al mismo nivel que el de terceros países.
El fundamento de la futura norma comunitaria es que la libre circulación de trabajadores es una de las cuatro libertades básicas para el mercado único y un derecho fundamental de la ciudadanía de la Unión Europea (UE).
Bruselas afirma en el Preámbulo de la futura norma que en multitud de casos las autoridades de los Estados miembros no cumplen con la legislación de la UE (legislación no conforme o con aplicación incorrecta) y el efecto que esto produce sobre los trabajadores migrantes en el territorio interno de la Comunidad.
El artículo 45 del Tratado Fundacional de la UE (TFUE) consagra el derecho a pasar de un Estado miembro a otro por motivos de trabajo e implica la abolición de toda discriminación (directa o indirecta) por razón de nacionalidad en el ejercicio de este derecho, así como de cualquier obstáculo injustificado que impida el ejercicio de la libertad de movimiento.
Los Gobiernos están obligados a adoptar las medidas de aplicación necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Directiva.
La propuesta de la Comisión Europea pretende mejorar y reforzar la forma en que el artículo 45 del TFUE y el Reglamento (UE) nº 492/2011 se aplican en la práctica, mediante el establecimiento de un marco general común más eficiente y uniforme de los derechos conferidos por el Derecho de la UE a trabajadores y miembros de sus familias que ejercen su derecho de libre circulación.
Para hacer frente a estos problemas objetivos específicos se propone cerrar la brecha entre los derechos de los trabajadores migrantes de la UE sobre el papel y su ejercicio, facilitando la aplicación correcta de la legislación vigente; la reducción de la incidencia de las prácticas desleales en contra de los trabajadores migrantes de la UE; y el fortalecimiento de la posición de los trabajadores migrantes.
