La Cicig denunciará por prevaricación a la jueza que anuló el juicio a Ríos Montt

Guatemala, 19 abr (EFE).- La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) anunció hoy que denunciará por prevaricación a la jueza que el jueves anuló el juicio por genocidio que se sigue contra el exdictador José Efraín Ríos Montt.

El fiscal Francisco Dall'Anese, jefe de la Cicig, dijo a los periodistas que esa comisión de las Naciones Unidas, que colabora con el Estado guatemalteco en contrarrestar supuestos de impunidad, investigará a la jueza Carol Patricia Flores, "por haber emitido una resolución ilegal".

Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, fundándose en una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le ordenaba solventar un trámite procesal, decidió el jueves anular el juicio por genocidio y crímenes de guerra contra Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez.

Según la Fiscalía, la Cicig y el tribunal que lleva el juicio, cuya vista oral comenzó a mediados de marzo, la decisión de Flores fue "ilegal" y "arbitraria", porque se extralimitó en lo que la corte constitucional CC le había ordenado, y fomenta la impunidad.

Los jueces del juzgado que lleva la causa, el Tribunal Primero A de Alto Riesgo, resolvieron asimismo suspender temporalmente el procedimiento a la espera de que la máxima corte se pronuncie sobre "la resolución ilegal" del otro juzgado, indicaron fuentes judiciales.

La Corte de Constitucionalidad tiene un plazo de 48 horas para resolver la consulta que sobre este asunto le hizo el tribunal, en la que deberá definir el procedimiento para la continuación del juicio por genocidio.

La denuncia por prevaricación que la Cicig promoverá en contra de la jueza Flores será presentada en los próximos días, cuando los abogados de esa instancia hayan recabado todos los elementos con los que esperan respaldar la decisión de denunciarla.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, para procesar a un juez la Corte Suprema de Justicia deberá retirar la inmunidad de que éste goza, en base a un informe elaborado por otro juez, quien deberá analizar las denuncias y determinar la existencia de indicios de delito.

En los últimos años la jueza Flores ha sido objeto de fuertes críticas de diversos sectores sociales y jurídicos, por polémicos fallos dictados a favor de políticos y militares en diversos casos.

En mayo de 2011, ordenó cerrar el proceso judicial seguido en contra de tres exaltos cargos del Gobierno, acusados de integrar una estructura criminal a la que imputaban la ejecución extrajudicial de varios reos.

En enero de este año desligó al presidente del país, Otto Pérez Molina, del proceso que desde hace varios años se seguía contra él por la desaparición de un jefe guerrillero en 1992.

Meses después dejó en libertad a Gloria Torres, hermana de la exprimera dama del país, Sandra Torres, y a su hija, María Casteñeda Torres, procesadas por delitos de corrupción.

También dejó en libertad a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Beatriz de León, acusada de obstrucción a la Justicia por presuntamente colaborar con su hijo, Roberto Barreda, en la desaparición de la esposa de éste.

Además, en febrero pasado, modificó el cargo de ejecución extrajudicial por el de homicidio a los militares procesados por la muerte de seis campesinos durante una manifestación en octubre del año pasado.