Estar imputado en un proceso penal, como es ahora el caso de la infanta Cristina, supone, como mínimo, que la persona está implicada de algún modo en el caso, ya sea por presunta autora de un delito o por tener, sencillamente, relación con el caso y poder aportar algo a desentramar los hechos. Pero no implica, por tanto, ni culpabilidad ni autoría de antemano.
Una vez imputada, lo normal es que el juez instructor tome declaración a la infanta y, valorando todas las circunstancias del caso, podrá decretar el sobreseimiento (firme o provisional) o transformar las diligencias previas en un juicio.
En definitiva, al imputado en un proceso penal se le atribuye en principio la realización o participación en unos hechos sancionables penalmente, pero no se le considera todavía autor de ningún delito: habrá que esperar al desarrollo del juicio para probar su inocencia o culpabilidad.
Se trata de un "primer nivel" que puede desembocar, si existen verdaderos indicios de culpabilidad, en que éste pase a considerarse procesado, posteriormente acusado (cuando se fije con exactitud qué delito ha cometido y en qué grado) y, finalmente, condenado en el momento en que el juez dicte sentencia.
Precisamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que trabaja el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretende acabar con el concepto de imputado para introducir el de "investigado". La idea es acabar con la "pena de telediario" que se produce por la falta de comprensión del término. También se prevé prohibir comunicar la identidad e imágenes del investigado.
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