Jueces advierten de que el espionaje en Cataluña supone la comisión de varios delitos por inductores y detectives

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones judiciales han emplazado a investigar "hasta el final" el supuesto espionaje político en Cataluña y han advertido de que su responsabilidad recaería tanto en quienes hayan ordenado tal práctica, como en los detectives que las hayan practicado.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han recordado que estas grabaciones necesitan de autorización judicial al afectar a derechos como la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

Así lo ha subrayado el miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Antonio Piña, que ha estimado que los propios afectados deberían interponer una denuncia sobre estos hechos. Ha precisado que ningún juez asociado ha transmitido a la organización la sospecha de haber sido espiado.

Piña, juez decano de Orense, ha afirmado que estas prácticas "no son habituales" por parte de las agencias de detectives, al tiempo que ha destacado que la Constitución recoge el derecho al secreto de las comunicaciones, las cuales sólo pueden ser interceptadas por auto judicial.

DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha manifestado que, de confirmarse, estos hechos, su responsabilidad recaería en quienes hayan ordenado las grabaciones, pero también en los detectives que las hayan efectuado. "Podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad y, en su caso, de revelación de secretos. Deberá aclararse en la correspondiente investigación judicial", ha agregado.

Según ha explicado, los detectives pueden grabar imágenes y documentar situaciones siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales. No obstante, ha precisado que el uso de un micrófono para grabar una conversación ajena entre dos personas "podría ser delito al vulnerar el secreto de las comunicaciones" e interferir en la vida privada de los afectados "de manera ilegítima".

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha valorado "muy negativamente" este supuesto espionaje y ha emplazado a la Policía a "investigar a fondo y llegar hasta el final" del caso. En su opinión, es el Fiscal Superior de Cataluña quien debe abrir diligencias informativas y llevarlas al Juzgado.

Igualmente, Dolado ha hecho hincapié en que la interceptación de las comunicaciones sólo es legal si se hace con autorización judicial. "Afecta a un derecho fundamental relativo a la intimidad y al secreto de las comunicaciones", ha concluido.

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