Los juristas creen que la reforma de la Ley Concursal del pasado 2011 -que favorece, entre otras cosas, los acuerdos de refinanciación-, beneficia especialmente a las entidades financieras. Así lo asegura el 32 por ciento de estos profesionales, frente al 20 por ciento que opina que son los concursados los que más ventajas sacan de la nueva norma, y el 17 que hace referencia a los administradores concursales.
Es una de las conclusiones que pueden extraerse del informe Hacia una Justicia más eficiente: 3ª Encuesta entre juristas sobre la modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios, elaborado por la consultora Deloitte, un estudio que también asegura que existe un "amplio consenso" en relación con la necesidad de aquel retoque legal, ya que el 64 por ciento se muestra a favor de él.
En cuanto a la 'letra pequeña' de la reforma, casi seis de cada diez encuestados creen que las nuevas medidas de refinanciación no reducirán el número de concursos que acabarán en liquidación. Menos consenso existe sobre si la reforma servirá para descongestionar los juzgados de lo mercantil. Algo más de la mitad de los profesionales encuestados se mostraron poco o nada de acuerdo con esa idea, y sólo un 10 por ciento aseguró estar de acuerdo.
La estadística se centra en la reciente reforma de la Ley Concursal, pero también en otros aspectos de actualidad, como la efectividad de las medidas incluidas en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia recién finalizado, que impulsó el anterior Gobierno.
Una modernización fallida
El mismo texto asegura que los juristas no creen que las expectativas generadas por el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 se hayan cumplido, existiendo una opinión "bastante negativa" respecto de la efectividad de las medidas adoptadas. En concreto, el 89 por ciento de ellos sostiene no haber percibido una reducción de la carga de trabajo de los juzgados derivada de la introducción de las medidas contenidas en el plan. Por otro lado, el 59 por ciento de los profesionales del Derecho cree que la Nueva Oficina Judicial no contribuye de forma efectiva a la modernización del sistema judicial y, en cuanto a la planta judicial, si el pasado 2011 el 83 por ciento de los encuestados se mostraba partidario de su modificación para adaptarla a las necesidades actuales de la justicia, en 2012 se experimentó una caída de la popularidad de esta idea de 30 puntos: ahora sólo el 53 por ciento sostiene estar algo, bastante o totalmente de acuerdo con esta idea.
Algo similar ocurre con la necesidad de crear una justicia tecnológicamente avanzada, incluyendo la generalización de sistemas de intercambio de documentos como Lexnet o la creación del expediente judicial electrónico. En 2011 el 94 por ciento de los encuestados apoyaba esta idea, mientras que ahora lo hace el 67 por ciento, 27 puntos menos. La misma decepción ha supuesto para los abogados la posibilidad de implantar un Registro Civil único e informatizado. El apoyo inicial se ha "desinflado" desde un 80 por ciento hasta el 50 por ciento del pasado año.
En cuanto a la prueba electrónica, los juristas consideran que esta es aún una gran desconocida, a pesar de ser un elemento de reconocida utilidad en los procedimientos judiciales. A pesar de ello, sólo un 12 por ciento de los encuestados asegura tener un alto conocimiento sobre los procedimientos de obtención y tratamiento de la información contenida en soporte informático como medio de prueba, frente al 53 con un conocimiento medio.
