Los usuarios de Internet tienen derecho a ejercer los derechos de cancelación, rectificación, oposición y acceso de sus datos personales frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, pero este derecho, conocido como derecho al olvido, se convierte en un auténtico calvario legal y judicial cuando se intenta ejercer. Siga leyendo esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'
Jaime M. es un ejecutivo que hace unos años fue denunciado por un antiguo empleado por robar en su empresa. Fue absuelto, pero no sirvió de nada porque esa falsa acusación le acompaña desde entonces. Basta teclear su nombre para relacionarle con un delito que jamás cometió. Luis B. fue aspirante a un atractivo puesto en la Administración, pero no logró superar las pruebas y su nombre está unido de por vida a este fracaso laboral a la vista de los empleadores.
Además, la utilización de los diarios oficiales como método de cierre para notificaciones y publicación de sentencias se convierte en un foco de divulgación de informaciones de carácter personal, destinados a mantenerse activos sin fecha límite alguna.
Europa exige mayor transparencia con los usuarios
La Agencia de Protección de Datos (Aepd) recibió el pasado año 160 solicitudes de cancelación de datos en Internet o para evitar que los datos personales figuren en los resultados de los buscadores, un 80 por ciento más que en 2010. La Memoria pone de relieve que el derecho al olvido cada vez es más reclamado por los ciudadanos. Así, de las tres solicitudes anuales recibidas en la Agencia en 2007 se ha pasado a las 160 de 2011. Hoy en día hay más de 200 casos sobre la materia a la espera de sentencia en la Audiencia Nacional.
Google anunció en enero que modificaría su política de privacidad y condiciones de uso para la mayoría de los servicios a partir del 1 de marzo de 2012. Ante las numerosas dudas que estos cambios planteaban, el Grupo de Autoridades de Protección de Datos de la UE encomendó a la Autoridad francesa (CNIL) que dirigiera la investigación sobre esta nueva política de privacidad.
Se enviaron dos cuestionarios a Google, pero varias de las respuestas resultaron incompletas o poco precisas. En concreto, Google no contestó suficientemente a cuestiones clave como la descripción de sus operaciones de tratamiento de datos personales o la lista detallada de las 60 políticas de privacidad específicas que se han sustituido por esta nueva política general.
Autoridades europeas descontentas con Google
Tras analizar las respuestas y la documentación proporcionada por Google, la CNIL concluyen que Google no proporciona suficiente información a los usuarios sobre sus operaciones de tratamiento de datos. Asimismo, considera que no ofrece al usuario un control sobre el modo en que sus datos se combinan entre los diferentes servicios que presta. Por ello, las Autoridades europeas requieren a Google que ofrezca una información más clara y completa sobre los datos que se recogen y las distintas finalidades de cada una de las múltiples operaciones de tratamiento de datos que lleva a cabo. En relación con la combinación de datos entre servicios, las autoridades emplazan a Google a reforzar la autorización para las combinaciones con exigencia de ella para los usuarios y a que ofrezca mejores posibilidades para que éstos puedan oponerse al tratamiento de sus datos en operaciones sin consentimiento. Siga leyendo esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'
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