La Policía mantiene que informó a la Audiencia Nacional del delito contra el Congreso

Madrid, 28 sep (EFE).- La Policía Nacional insiste en que las diligencias practicadas sobre las detenciones del 25S y el atestado enviado a la Audiencia Nacional señalan que durante las protestas se produjeron incidentes "por el intento de rebasar el perímetro de seguridad del Congreso así como impedir a sus señorías abandonarlo".

Así lo han asegurado a Efe fuentes policiales que han indicado que las diligencias informan de que a lo largo de la concentración con motivo de la protesta "Rodea el Congreso" se registraron "diversos incidentes ocasionados por el intento de rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados así como impedir a Sus Señorías abandonar el hemiciclo".

"El lanzamiento de objetos a la fuerza policial actuante, así como agresiones directas a los agentes, todo ello perpetrado de numerosos elementos radicales presentes entre los concentrados", añaden las mismas fuentes.

Además, recuerdan que el atestado remitido ayer al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz con número 4.894 es "continuación" del 4.705, enviado el pasado 15 de septiembre.

Con este último atestado, el magistrado, según recalcan estas fuentes, imputó el pasado viernes a ocho personas por un delito recogido en el artículo 494 del Código Penal.

Dicho precepto establece que "incurrirán en la pena de prisión de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, Senado o de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma, cuando esté reunido, alterando su normal funcionamiento".

Por ello, las mismas fuentes sostienen que el atestado del pasado martes es "ampliatorio" de dicho procedimiento penal ya abierto por Pedraz.

Después de que este magistrado rechazara ayer la imputación de delitos competencia de la Audiencia Nacional, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid acordó la puesta en libertad de 33 de ellos y estimó que "existen motivos bastantes" para acusarles de un delito contra "las instituciones del Estado" en contra de lo que afirmó Pedraz.